La periodista dijo que fue por su viaje a la OEA para denunciar al Estado argentino y aseguró que está en regla. El organismo lo rechazó y dijo que es un procedimiento habitual.

La AFIP envió una inspección a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien la vinculó a su viaje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para denunciar presuntas “persecuciones” por parte del Gobierno a periodistas, lo que fue rechazado por el organismo recaudador.

Este martes, luego de que la periodista de Radio Continental arribara al país tras su viaje a Washington, fue notificada de que dos empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos la aguardaban en la puerta de su domicilio.

“Estoy absolutamente en regla”, aseguró Ruiz Guiñazú acerca de su situación impositiva, al tiempo que precisó que el ente recaudador quiere “inspeccionar toda la facturación del año 2012 y 2013″, por lo cual también acudió a la oficina de su contador para pedir los movimientos contables.

La visita de los funcionarios de la dependencia dirigida por Ricardo Echegaray se trató, según la periodista, de la “tan obvia reacción (del Gobierno) por haber denunciado en Washington un hecho tan público y notorio”, en referencia a la “persecución” que aseguró sufren algunos periodistas.

Por su parte, la AFIP rechazó los dichos de Ruiz Guiñazú y explicó que la periodista “efectuó un pedido voluntario a la AFIP para pagar menos Impuesto a las Ganancias por el año 2013″, para lo cual el organismo “le dio plazo hasta el 19 de noviembre para que presente la documentación y finalice el trámite”.

“Al igual que otros 7.443 contribuyentes, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazu efectuó un pedido voluntario a la AFIP para pagar menos impuesto a las ganancias por el año 2013.

El pedido lo tramitó con su propia clave fiscal y el número de trámite fue el 14874596″, indicó la AFIP.

Y agregó que “a consecuencia de este pedido espontáneo de la propia periodista, AFIP le notifico que debía aportar determinada documentación para cumplimentar el trámite y le dio plazo para cumplir hasta el próximo 19 de noviembre, es decir diez días hábiles”.

“Este plazo de diez días hábiles esta previsto en la ley de procedimientos tributario Nº 11.683 y en la Resolución General de AFIP número 327/1999 y es aplicable a todos los contribuyentes que efectúan este tipo de trámites”, subrayó la entidad en un comunicado y agregó que “el procedimiento de AFIP se desarrolló de manera regular y transparente, como con cualquier otro contribuyente”.

La periodista había viajado a la CIDH junto a otros periodistas para denunciar “la violación de la libertad de prensa” por parte de la Casa Rosada y se centró en el “juicio público llamado ético y popular” encabezado por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la que fue acusada de haber colaborado con la última dictadura militar.

Luego de que la periodista difundiera la inspección de la AFIP, dirigentes de la oposición denunciaron que sufrió un “apriete” y tildaron al accionar de “fascista”.

El titular del bloque PRO en Diputados, Federico Pinedo, consideró que “no es casualidad que cuando alguien hace una crítica, reciba una inspección integral” del ente recaudador.

Su par Laura Alonso expresó que “el uso de la AFIP para amedrentar a los que piensan y opinan distinto del gobierno, es parte de una forma de censura sutil e indirecta” y remarcó que “es una práctica peligrosa que se repite y cuenta con la anuencia de las primeras líneas del Gobierno nacional”.

En el mismo sentido se manifestaron los diputados nacionales aliados al macrismo Omar de Marchi del Partido Demócrata de Mendoza Omar de Marchi y Patricia Bullrich.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales.

 También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales.

El Grupo considera que los artículos cuestionados –como sostienen los tres votos en disidencia contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.

Tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros de la Corte. Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión. Además, impedir el funcionamiento, como hace la ley, de medios que no usan espectro radioeléctrico, equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales.

La prueba más concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción. Hoy más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo. La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado. De allí que desde 2009 se haya producido el cambio de manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos públicos.

En cumplimiento del fallo -que cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación- el Grupo Clarín exigirá, en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las mismas se adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas.

Finalmente, el Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia”.