Belén Rodríguez.

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Mañana, el máximo tribunal realizará una audiencia pública en un caso sobre la responsabilidad de intermediarios en Internet por contenidos de terceros. Se trata de una de las discusiones más relevantes sobre libertad de expresión a nivel global.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará este miércoles una audiencia pública en un caso que trata sobre la responsabilidad de los intermediarios en Internet por los contenidos producidos por terceros. Se trata de una demanda iniciada por la modelo Belén Rodríguez contra buscadores de Internet por los vínculos a su nombre realizados en numerosas páginas web y por el “mal uso” de su imágen. El caso es importante ya que la responsabilidad de los intermediarios por contenidos de terceros es una de las cuestiones más relevantes para la libertad de expresión en Internet. La responsabilidad amplia de los intermediarios los convierte en poderosos censores privados y la red se ve empobrecida como espacio de comunicación e intercambio de ideas.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) trabaja esta cuestión desde el año 2009. Intervino como amicus curiae en una de las numerosas causas judiciales que siguen el siguiente patrón: una persona famosa —cantantes, modelos, actrices— demanda a los buscadores de Internet Google y Yahoo! por los vínculos que ellos arrojan como resultado de las búsquedas de sus nombres. La respuesta de los tribunales ha sido contradictoria y muchas veces problemática: distintos jueces civiles han otorgado medidas cautelares así como indemnizaciones. Así, han creado los incentivos necesarios para que los buscadores —intermediarios necesarios entre la información que no sabemos que existe y los usuarios de Internet— puedan ejercer la censura privada, filtrando e invisibilizando contenidos que pueden generarles responsabilidades legales. La exclusión de un buscador esequivalente al cierre de un periódico.

Una decisión clara de la Corte Suprema en el caso Rodríguez , que siga su tradicional jurisprudencia en materia de libertad de expresión, daría la señal de cómo resolver estos casos con una visión robusta sobre la libertad de expresión en la era digital. Si así lo hiciera, la Corte Suprema se uniría a otros países donde se tiende a limitar la responsabilidad de los intermediarios por contenidos de terceros ya que se considera que ello tiende a debilitar al debate público y a generar focos de censura privada inaceptables para una sociedad democrática.

Los incentivos hacia la censura privada pueden reducirse si se establece un régimen legal que evite la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos generados por los usuarios, y que dé intervención al Poder Judicial para resolver sobre los derechos en juego, con todas las garantías que establece el debido proceso. Ese es el estándar promovido por las relatorías de libertad de expresión de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos en su declaración conjunta de 2011, y el que sintoniza con el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este principio —en ausencia de reglas legales específicas— es el que debería guiar a la Corte Suprema en la resolución del caso Rodríguez. En efecto, la CIDH también ha señalado que “las responsabilidades ulteriores solamente deben ser impuestas a los autores de la expresión en Internet, es decir, a quienes son directamente responsables de la expresión ofensiva”.

Finalmente, el caso Rodríguez también es importante ya que en él se discute la cuestión del derecho a la imagen . El tribunal de alzada resolvió —en la sentencia que la Corte Suprema ahora revisará— que el servicio de búsqueda de imágenes de Google es, siempre, una violación del derecho a la imágen de las personas. Si la decisión se mantuviese, el servicio de búsqueda de imágenes no estaría disponible fácilmente para los usuarios en la Argentina y el derecho a acceder y buscar información de todos los ciudadanos se vería seriamente afectados por ello.

Antes de la reciente puesta en libertad de Mam Sonando, periodista y defensor de los derechos humanos camboyano, Amnistía Internacional lo había declarado preso de conciencia.

Defensor de derechos humanos camboyano habla con franqueza tras recuperar su libertad

 © TANG CHHIN SOTHY/AFP/Getty Images

Por Rupert Abbott, investigador de Amnistía Internacional sobre Camboya, Laos y Vietnam
Hacía calor –mucho calor– cuando llegué la semana pasada a la casa y emisora de radio de Mam Sonando, situada en una polvorienta calle de Phnom Penh, la capital de Camboya.
Me recibió en la puerta principal. “Gracias”, dijo. Con una amplia sonrisa, hizo un rápido gesto con la mano derecha: su característica V de la victoria. Tras pasar ocho meses en prisión, había quedado en libertad y ya no le esperaban 20 años entre rejas.
Preso de conciencia
Mam Sonando tiene 72 años y es un periodista popular. Propietario de Beehive Radio, una de las escasas emisoras de radio independientes que hay en Camboya, preside además la Asociación de Demócratas, que promueve los derechos humanos y la democracia y presta ayuda a comunidades pobres.
El 11 de septiembre de 2012, cuando comenzó su juicio ante el Tribunal Municipal de Phnom Penh, llevaba dos meses detenido a causa de las afirmaciones del primer ministro de Camboya, que lo acusó públicamente de ser el organizador de un complot que pretendía la secesión –la separación del país– de una localidad del este de Camboya.
La realidad es que los habitantes de esa localidad llevaban mucho tiempo en conflicto con una poderosa empresa, y el denominado complot de secesión no fue más que un pretexto para desalojarlos por la fuerza.
Y la detención de Mam Sonando se produjo cuando transmitió a través de Beehive Radio información sobre una denuncia ante la Corte Penal Internacional, que acusa al gobierno camboyano de desalojar por la fuerza y desplazar a miles de personas.
Mam Sonando, junto con otras seis personas, fue acusado de delitos contra el Estado. Estuve presente en una sala atestada de gente durante los cuatro días que se prolongó la vista, junto con sus familiares y simpatizantes, activistas de los derechos humanos, diplomáticos y periodistas. No se presentaron pruebas de que hubiera hecho algo indebido, así que la sentencia, que se anunció el 1 de octubre, se recibió con consternación e incredulidad. Mam Sonando fue declarado culpable y condenado a 20 años de cárcel por “instigar a la insurrección” y otros delitos.
Según me contó, “en la cárcel pensaba en las personas que me quieren y me echaban de menos, incluidas las personas a las que había ayudado a través de mi asociación. Las echaba mucho de menos. Las quiero, y quería abrazarlas. Son lo único que me importa”.
Amnistía Internacional consideró a Mam Sonando preso de conciencia, encarcelado por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
Junto con otras organizaciones, camboyanas y extranjeras, hicimos campaña para que lo dejasen en libertad. La membresía envió Acciones Urgentes e hizo un llamamiento al gobierno de Camboya. Pedimos a gobiernos extranjeros que planteasen el caso al de Camboya, y lo convertimos en elemento central de nuestro trabajo de incidencia durante la visita a Camboya del presidente estadounidense Barack Obama y otros líderes para las cumbres de la ASEAN y del sudeste asiático en noviembre de 2012.
Puesta en libertad
La condena generalizada dio sus frutos. El 14 de marzo de 2013, el tribunal de apelación camboyano anuló las declaraciones de culpabilidad de los delitos más graves contra el Estado y la condena a 20 años de cárcel impuesta a Mam Sonando. Aun así, fue condenado a cinco años de prisión por delitos relacionados con los bosques. Ya había cumplido ocho meses de prisión, y se le impuso una condena condicional para el resto del tiempo.
“Oír a los simpatizantes en el exterior de la sala del tribunal y verlos en el interior, incluidos diplomáticos y organizaciones de derechos humanos, me dio muchos ánimos. No sólo me apoyaban a mí; estaban mostrando su apoyo a la democracia y los derechos humanos”, me dijo Mam.
“Quiero dar las gracias a todo el mundo por unirse para conseguir mi libertad. Gracias a los miembros de Amnistía Internacional por proteger mi libertad.”
El 15 de marzo, Mam Sonando salió de la prisión de Prey Sar, en Phnom Penh. Lo esperaban unos 1.000 simpatizantes alborozados, que lo subieron a una silla a modo de trono e iniciaron un vistoso desfile para llevarlo hacia la libertad.
“La pesadilla de las acusaciones falsas y el encarcelamiento se había convertido en un sueño maravilloso; lo malo había acabado bien, y me permitió ver el corazón de la gente y comprobar que al mundo le importa la justicia.”
Mirando hacia el futuro
¿Va a recurrir contra la decisión de confirmar algunas de las condenas que se le han impuesto, y la nueva condena por delitos relacionados con los bosques?
“Desde luego que sí, no he hecho nada malo. No puedo rendirme. Quiero que se haga justicia. No soy culpable, y tengo que dar ejemplo”, dijo.
“Mi meta sigue siendo la misma: democracia y respeto por los derechos humanos en Camboya. Mi caso se ha convertido en un símbolo de unidad para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Camboya”.

Mam Sonando en Beehive Radio. © Amnesty International

Y tiene intención de seguir dirigiendo Beehive Radio y la Asociación de Demócratas.
“En Camboya hay grandes problemas, problemas muy graves. Para resolverlos es fundamental la concienciación sobre la democracia y los derechos humanos.”
Hacia el final de nuestro encuentro le pregunté si cambiaría alguna cosa, si volvería a pasar por lo mismo.
“¡Por supuesto! La vida no vale la pena si no estás dispuesto a sacrificarla por los demás. Tengo que mantenerme firme para que otras personas no sufran la misma tragedia.”
Efectivamente, aunque la puesta en libertad de Mam Sonando es un paso en la dirección correcta hacia la libertad de expresión en Camboya, otras personas sufren tragedias similares en el país.
Yorm Bopha, activista del derecho a la vivienda, cumple una condena de tres años de prisión; el 27 de diciembre de 2012 fue declarada culpable de cargos falsos de “violencia deliberada”. Y Born Samnang y Sok Sam Oeun cumplen condenas de 20 años de cárcel tras convertirse en cabezas de turco por el asesinato del destacado líder sindicalista Chea Vichea en 2004; los verdaderos asesinos nunca han comparecido ante la justicia.
Amnistía Internacional hará campaña para conseguir también su puesta en libertad.