Por la libertad del compañero Quispe.

LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ORGANIZACIONES Y MILITANTES SOLIDARIOS

(AW) Ya suman centenares las firmas solidarias con el compañero peruano. En un comunicado, La Gremial, que preside Eduardo Soares, da cuenta que el juez rechazó rechazó la excarcelación de Oswaldo Quispe, revela en nuevo pedido en esa dirección y  difunde una parte de la  lista de firmas recolectadas (ver en leer más).  En el texto, los defensores, indican al juzgado que “declaramos bajo juramento que todos los nombres de la lista que aportamos se comunicaron directamente o por medio de correos con cada uno de nosotros, o  con el equipo de defensa de la asociación gremial de abogados a fin de hacernos saber de su compromiso expresado arriba. Y en este sentido ponemos a disposición del Tribunal a las prestigiosas personalidades de la lista,  reconocidos muchos de ellos nacional o internacionalmente, a fin de que verifique las garantías de arraigo sobre Quispe. SOLICITAN EXCARCELACION ACOMPAÑAN AVALES DE ARRAIGO Y GARANTIAS AL TRIBUNAL Señor Juez:                     ROBERTO PERDIA y EDUARDO SOARES, defensores de OSWALDO CEFERINO QUISPE CASO, en la causa 5295/13, con domicilio constituido en Alsina 1535 piso 6to “601”, (Sede de la Asociación GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS de Argentina), a V.S. decimos:                     I-OBJETO                     Que en tiempo y forma venimos a solicitar la excarcelación de nuestro defendido a tenor de los hechos que exponemos:                     II-PROCEDENCIA                     Oswaldo Quispe está detenido por orden de V.S. con fines de extradición, carece de causa alguna pendiente, requerimiento o captura en la Argentina.-   El Estado requirente es la República del Perú.-                     El Tribunal nos informa que, de acuerdo a la legislación específica, Oswaldo debe permanecer detenido durante SESENTA DÍAS que sería el plazo que tiene el Estado requirente para remitir la documentación respaldatoria de la pretensión extraditable.-    Se nos dice que en consecuencia nuestro defendido debe esperar en prisión a que se cumpla con los requisitos administrativos.-                    La Defensa técnica intentó sin éxito la excarcelación de Oswaldo.-                   El representante del Ministerio Público objeta la misma propiciando su rechazo con un argumento inverosímil, traído de los pelos (además de SER ABSOLUTAMENTE FALSO Y COMPLETAMENTE MENTIROSO) un invento como podría haberse planteado cualquier otro con tal de decir NO.-  El Fiscal INVENTA que Oswaldo Quispe no tenía arraigo y domicilio comprobable en la Argentina.-                    La Defensa había advertido que se buscaría cualquier excusa para evitar la soltura de Oswaldo y así se hizo, no nos extraña en absoluto la posición de la Fiscalía.-    Sí la del Tribunal.-                                   Porque Quispe fue detenido al salir de su lugar de trabajo Señor Juez,  en una de las radios donde trabajaba relacionada con la Constituyente Social o sea a la CTA.-   Esto es perfectamente conocido por V.S. y no ha sido discutido o controvertido en ningún momento.-                  Como sea, nuestro asistido lo declaró en la primera oportunidad que tuvo frente a Ud. Señor Juez, le explicó que es periodista y que tenía programas radiales, es más: hasta le dio detalles de sus actividades en la Cancillería.-   “¿¿La Cancillería peruana??” preguntó V.S. “no Señor, la Cancillería Argentina”.- De manera que estamos ante un peligroso terrorista que carece de “arraigo” y domicilio comprobable que tenía programas de radio públicos y entraba a la Cancillería y hasta el propio Consulado peruano como Pancho por su casa.-                  Por si fuera poco, Quispe explicó que pidió y obtuvo pasaporte peruano en el respectivo Consulado y DNI argentino ante nuestras autoridades.-  ¿¿Acaso no se verifica domicilio en esos trámites??  ¿¿Es posible inventar un domicilio inexistente??                   Si hubiera mediado la mínima buena fe que se requiere en las contiendas judiciales el Fiscal habría pedido a V.S. que confirme los dichos de Quispe, pero –como dijimos antes- no nos extraña.-   Lo que nos extraña es que V.S. no lo hiciera de oficio, pese a los planteos del Acusador Público y pese a los dichos de Quispe, volcándose así a una parcialidad del proceso sin necesidad y asumiendo un rol favorable a una de las partes sin sustanciación alguna.-                    Volvamos ahora a intentarlo a ver qué tipo de excusa se podrá deducir ahora desde la Fiscalía que no se haya planteado con anterioridad y si es posible soslayar la cantidad y calidad de los abajo firmantes que afirmarán cuando V.S. se los requiera, que conocen a Quispe, que saben que trabaja de periodista radial y que posee suficiente arraigo en la Argentina.-                     La Defensa adelantará lo que dirá aquí varias veces: que declara bajo juramento que todos las personalidades que obran en la lista que acompañamos se comunicaron directamente con nosotros o por correo, o con la Asociación Gremial de Abogados, a fin de peticionarnos que los ofrezcamos  como garantes tanto de que Quispe no eludirá la acción judicial como que dan fe de su contracción al trabajo y de su arraigo con domicilio en la Argentina.-                                  En su momento esta Defensa entendió que la prolongación del encarcelamiento resulta arbitraria e inconstitucional y que ofende las más elementales normas protectoras de la libertad establecidas  por los y Tratados Internacionales.-   Todo ello sin perjuicio de los antecedentes sobre excarcelación de extraditables.-                     Seguramente se nos dirá que la detención de Quispe no es propiamente un encarcelamiento provisorio y que hay legislación específica al respecto que lo determina.-                     Sobre este segundo punto nos remitimos a la declaración de inconstitucionalidad del art. 26 cuya jurisprudencia volcamos y que este Tribunal acogió favorablemente.-  Todo sostenido por la Corte en el fallo “Gorostiza”.-                    El encarcelamiento de Oswaldo ES en definitiva una prisión preventiva real y concreta, ni siquiera encubierta, tanto porque lo es en efecto, tanto por el propio fallo de Cámara que declara la inconstitucionalidad del art. 26.-                   Así las cosas, corresponde entonces considerar las menciones del Sistema Interamericano al respecto.-                   Conforme al INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS 2014 de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, preparado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [http://www.cidh.org], los estándares establecidos por los órganos del Sistema Interamericano desde hace más de dos décadas para el uso de la prisión preventiva son, entre otros: (i) La detención preventiva debe ser  la excepción y no la regla; (ii) los            fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso; (iii) consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona; (iv) aún existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal; (v) todos los aspectos anteriores requieren una motivación  individualizada que no puede tener como sustento presunciones; (vi) la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia; (vii) el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena.                         La falta de respeto a tales estándares por parte de los jueces y juezas en Argentina, y con ello el uso arbitrario e ilegítimo de la prisión preventiva, ha generado que, según informa la CIDH de acuerdo con las estadísticas más recientes con las que se cuenta que datan del 2010, a nivel nacional de un total de 59.227 personas privadas de libertad,  31.142 (53%) estaban en prisión preventiva. En el             ámbito del Sistema Penitenciario Federal (aquellas personas privadas de libertad en aplicación del Código Procesal Penal de la Nación), al        19 de octubre de            2012 había un total de 9,800    reclusos de los cuales el 45% se encontraban condenados y el 55% en calidad de procesados. La situación de Quispe es una más y en su caso se aplican a rajatabla mismo parámetro que para todos: se lo encarcela preventivamente, se somete la jurisdicción a normas inconstitucionales (declaradas por éste mismo Tribunal) y para peor la soberanía Argentina a disposición de tribunales extranjeros en una institución como la detención provisoria que no guarda relación ni con nuestra legislación ni con los estándares internacionales.-                         Indica el Informe de la CIDH: 87. De acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en el lapso de nueve años comprendido entre 1999 y 2008 se aprobaron en once países de la región dieciséis reformas legales [entre las que se encuentra la Argentina] que en lo fundamental buscan favorecer o ampliar la aplicación de la prisión preventiva, con indiferencia o prescindencia de su lógica cautelar. En este sentido, se identifican en          términos generales tres tendencias o mecanismos legislativos: (a) El establecimiento de delitos inexcarcelables o hacer significativamente más difícil la obtención de la libertad. El legislador establece a priori que los imputados por determinados delitos necesariamente deben permanecer privados de libertad durante el proceso. En líneas generales, esta determinación puede hacerse … estableciendo por vía de ley la presunción de que se configura algunos de los requisitos de procedibilidad de la prisión preventiva atendiendo a criterios fijados de antemano por el legislador Tal el caso de la legislación que invoca el señor juez en estos autos, cuya inconstitucionalidad y contraconvencionalidad resulta palmaria y así lo denunciamos y solicitamos se expida V.S.                         Afirma la CIDH: 106. … la Comisión Interamericana reitera que cualquier consideración relativa a la regulación, necesidad o aplicación de la prisión preventiva debe partir de la consideración            al derecho a la presunción de inocencia, y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida y sus fines legítimos, establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y en muchos casos por el propio ordenamiento constitucional de los Estados. El uso excesivo de esta medida es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho,           y el diseño e implementación de políticas criminales orientadas a legalizar el uso de la prisión preventiva como una forma de justicia expedita, al margen del debido proceso penal es además abiertamente contrario al régimen establecido por la Convención y la Declaración Americanas,    y los principios que inspiran a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. …                                   La CIDH claramente reconoce que la debilidad de la independencia del Poder Judicial es uno de los factores que inciden en el uso arbitrario e ilegítimo de la prisión preventiva: Las amenazas a la independencia judicial 107. Otro de los factores relevantes  que incide en que la prisión preventiva no sea utilizada excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar lo constituyen las injerencias            sobre las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta medida, lo que es más grave aún en vista de las significativas deficiencias estructurales y flaquezas de los sistemas judiciales de muchos países de la región. En los hechos, estas presiones o injerencias provienen fundamentalmente de tres sectores: (a) altos funcionarios de otros poderes u órganos del Estado, que ante los reclamos sociales o por motivaciones de otra naturaleza mantienen un fuerte discurso punitivo, en ocasiones acompañado de medidas de presión concretas hacia los operadores de justicia; (b) las cúpulas de los poderes judiciales que muchas veces hacen eco del mensaje que se transmite desde el poder político; y (c) los medios de comunicación y la opinión pública.                                  Tal como se dio en este proceso, altos funcionarios del Poder político emitieron rápidamente su discurso punitivo y las autoridades judiciales se hicieron eco del mismo.                         Asimismo, recuerda la CIDH en el Informe citado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Peirano Basso Vs Uruguayestableció que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no admite que toda una categoría de imputados, por esa sola condición, quede excluida del derecho a permanecer en libertad durante el proceso. En este caso en concreto, esa categoría estaría constituida por los ‘imputados sometidos a extradición’ y por esa sola condición, deban permanecer privados de su libertad 60 días [CIDH. Informe     No. 86/09,           Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante     Peirano Basso, Uruguay,           6 de agosto           de 2009, párrs. 89,140,141 y 144]                     1)Arbitrariedad del plazo de sesenta días                      Imponernos sesenta días de prisión porque ello surja de un plazo absolutamente administrativo respecto de la obligación que tiene un estado extranjero es directamente un capricho, un esquematismo positivista que carece de todo sustento.-                    Ningún detenido en la Argentina, por orden o a disposición de nuestros Tribunales puede ser mantenido en prisión si no se adopta sobre la persona un auto fundado que así lo justifique.-                    Nuestro defendido ni siquiera tiene una acusación concreta, aún en el Estado requirente que tampoco ha justificado su petición como no sea con simples opiniones y documentación carente de sustento.-     Documentación trucha, como todo lo que proviene de un Estado que practicó y practica el Terrorismo de Estado contra sus propios ciudadanos como lo acreditaremos con creces.-    Lo decimos sin titubear porque –cuando aparezca si aparece- la documentación con la que pretendan ampararse comprobaremos lo que aquí decimos: SIN VARIAR Y EN TODOS LOS CASOS que se ha requerido la extradición de un militante político, un opositor o un militante de la izquierda peruana, invariablemente se echa mano a acusaciones infundadas que luego nuestros Tribunales rechazan.-                  Así ocurrió en todos los casos, como “Liñan Vázquez”, “Rosalino León Fernández”, “Luz Padilla Vaca”, y recientemente con “Rolando Echarri Pareja”.-    Y si estamos a casos similares al presente pedidos por extradición por Perú tenemos  “Carranza Laurente, Juan Manuel” que está excarcelado desde hace años, mientras continúa activa la causa de requerimiento del Estado Peruano.-                 Este Ministerio Público Fiscal no es el primero que se opone a la excarcelación de un extraditable, pero no en todos los casos los Jueces les hacen lugar así como así, sin sustanciar, ni considerar elementos de las propias actuaciones.-   Juan Manuel Carranza Laurente está acusado en Perú de delitos que conllevan penas graves, pero está en libertad por disposición de un Juzgado Federal.-                 Otro antecedente notable es el del chileno Sergio Apablaza a quien se lo reclamaba por delitos tan o más graves que los falsamente imputados a Quispe, por ejemplo: magnicidio.-   Apablaza mantuvo su libertad a pesar de que su extradición fue concedida por la Justicia y (como muchos militantes políticos, como muchos revolucionarios, la esencia de sus vidas es la posibilidad de actuar políticamente, y para ello necesitan  no ser clandestinos generalmente).-    Esto es imposible comprender para un Fiscal como quien rechaza nuestro pedido, tampoco se le puede pedir que lo entienda ya que la moral revolucionaria de hombres como Apablaza por ejemplo, o del peruano Echarri que tuvimos el honor de defender recientemente, o del Vasco Laríz Iriondo es completamente diferente a la que obra generalmente entre los funcionarios judiciales.-                 Lo que decimos no implica calificativo ni valoración, entiéndase bien, simplemente decimos que se trata de conductas moralmente diferentes y que para quien no ha hecho de su vida una lucha por una sociedad justa e igualitaria, diferente  a ésta en la que vivimos no lo podrá comprender, así de simple.-                 Tratando de hacer un esfuerzo para no ingresar al fondo de la cuestión que será materia de tratamiento en un futuro Debate, lo cierto es que no podemos menos que referenciar –como se dijo- la falsedad de las acusaciones que se han montado contra Oswaldo, lo cual se demostrará con creces como lo hemos venido haciendo desde LA GREMIAL DE ABOGADOS en todos los casos que nos ha tocado defender.-                  Pero la cuestión, a los fines de la presente petición de excarcelación, es establecer si Oswaldo debe padecer hasta completar los  sesenta días de prisión simplemente porque hay disposiciones administrativas/burocráticas que son indulgentes con el Estado requirente y terminan siendo cargosas para con el requerido aún cuando posteriormente éste recupere la libertad.-                  Que Oswaldo no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan y que hay razones de sobra para rechazar la extradición se comprobará en el juicio (se comprobó con “Rolando Echarri Pareja” hace escasos meses y le advertimos al Estado Peruano que le daríamos una paliza procesal y judicial donde finalmente –como el mismo representante privado del Perú lo reconoció- fue el requirente quien terminó en el banquillo de los acusados  defendiéndose y no Rolando Echarri).-    Cuando un Estado practica el Genocidio y el Terrorismo de Estado como lo hace Perú y como lo hemos vivido en carne propia los argentinos en general y los defensores de Oswaldo en particular, es casi imposible sostener una extradición porque es más que evidente que cualquiera que vaya a ese infierno será sometido a tratamientos judiciales, estatales y penitenciarios que ofenderían cualquier norma de protección al respecto.-                   Pero todo esto debemos discutirlo en el Juicio y hasta tanto no es posible que mantengamos la prisión de quien no hay siquiera presunción alguna ni de culpabilidad allá ni de que pueda ser factible la extradición desde acá.-                  2) No eludir la acción de la Justicia                  En autos no podemos considerar que Oswaldo podrá afectar investigación alguna porque esta no existe.-    Deberíamos establecer en la forma más acabada posible que Oswaldo no se va a escapar.-                  De la misma manera que el señor Representante del Ministerio Público dice en definitiva “no porque no”  o se pueda hablar de la “expectativa” de fuga en consideración a la supuesta gravedad del delito peruano;  esta defensa podría plantear que no hay UN SOLO caso de peruano (peruano acusado por delitos ligados a actividades políticas o a organizaciones políticas) sometido a extradición que haya sido excarcelado que se haya fugado.-                  Ya vimos otros ejemplos como el peruano Carranza Laurente, el chileno Sergio Apablaza o incluso el vasco Laríz Iriondo que permaneció acatando las disposiciones del Tribunal en libertad hasta que se confirmó el rechazo a la extradición en la Excma. Corte.-                  Una vez más lo decimos Señor Juez y Señor Fiscal: los militantes políticos no huyen, no se escapan, sobre todo cuando están en forma legal, porque la legalidad es más importante que la clandestinidad para hacer política.-    Si tienen que rechazar la excarcelación no busquen esa excusa, tiene que haber otra, pero no ésa.-   Y que se recuerde lo que dice la CIDH (no nosotros) sobre los discursos punitivos plantados por los funcionarios políticos y su influencia en la débil independencia de los magistrados.-                  Y si existiera alguna duda respecto del arraigo o la posibilidad de fuga, nos remitimos a los prestigiosos hombres y mujeres que avalan nuestras afirmaciones en la lista que se agrega.-                 Pero no duden que es así como les decimos: Oswaldo no escapará.-  Oswaldo en la clandestinidad no es nada, en la legalidad es un conocido periodista, respetado por argentinos y peruanos y otros pueblos extranjeros.-                 Si no los aburre repasar la lista, vean Señor Juez y Señor Fiscal en la extensa lista la gran cantidad de colegas de Quispe de todas las latitudes que afirman conocerlo y dar garantías.-    Y al respecto ratificamos nuestra declaración bajo juramento que se trata de personas existentes y que nos han ofrecido su aval al respecto.-                              3) Legalidad y arraigo                    En nuestra anterior presentación agitamos aspectos que no fueron considerados por la Fiscalía y el Tribunal ni siquiera para refutarlos, es como si lo que dijimos no hubiera existido, es como si el pensamiento o mejor dicho: la idea formada, o los intereses geopolíticos determinados, suplieran la existencia de la realidad concreta.-                   Como se dijo arriba, en su declaración Oswaldo planteó dos o tres cuestiones que debieron considerarse y pedimos que ahora no se los escatime en este mismo momento a los efectos de lo que aquí se peticiona.-                   En primer lugar su ingreso a la Argentina.-   La Fiscalía debería trabajar un poco más, que las cosas no le sean tan fáciles ya que a la Defensa no se la hacen sencilla, podemos entender que corran con el caballo del comisario, pero al menos que hagan la carrera.-    Esto lo decimos porque es la Fiscalía quien debe acreditar –en caso de considerarlo- que Oswaldo se  manejó clandestinamente, sin arraigo, o con documentación o identidad falsa.-   Y el Tribunal también podría haber desplegado actividad investigativa y no lo hizo, simplemente se hace eco de planteos y sospechas inventadas por el Ministerio Público.-                  En segundo lugar y avalando lo anterior, se presentó ante las autoridades argentinas correspondientes solicitando refugio político a su nombre y está ello en trámite.-   Ahí declaró un domicilio del que ahora duda el Fiscal y pone tal duda en contra de Quispe, como si éste no hubiera podido mudarse de su domicilio, como si hubiera tenido una obligación aceptada judicialmente de notificar sus cambios, como si los funcionarios de migraciones hubieran ido realmente a comprobar donde vive cuando se trataba (en ese momento) de una villa, lugar al que jamás ingresan y lo suplen informando falsedades como que no estaba en el domicilio y cosas así.-                En lo que específicamente hace al planteo del Fiscal sobre el domicilio, avalado por el Tribunal debe considerarse lo siguiente a) El domicilio en el trámite administrativo de la solicitud de refugio fue fijado por Quispe en la sede de un organismo de DDHH, eso es sencillo de comprobar y verificar. Estamos hablando de cuando Quispe arriba a la Argentina y –obviamente- carece de domicilio fijo.- El Fiscal jamás fue perseguido por fuerzas exterminadoras de su País, nunca debió huir con riesgo de ser ejecutado o encarcelado bajo cualquier cargo inventado por un Gobierno que asesina impunemente a sus ciudadanos.- De lo contrario, sabría que cuando uno arriba a un país como refugiado o como inmigrante o exiliado económico, carece de domicilio fijo.- Todos nuestros ancestros extranjeros cayeron a la Argentina con una mano atrás y otra adelante y ninguno de nuestros abuelos o bisabuelos tenían un domicilio fijo, llegaban como podían y andaban rodando de lugar en lugar.- Eso ocurrió con millones de seres humanos que llegaron y llegan a la Argentina como pueden y viven en las condiciones que pueden.-    Otra situación que se ve que el Fiscal no vive, ni sufre, ni entiende.- Quispe es uno de esos miles o millones que llegan como pueden.-  Dio como domicilio la sede de un organismo de DDHH.- Allí llega la notificación ADMINISTRATIVA que luego da cuenta de no haberse producida “por no haber sido hallado”.- Y solo con eso el Fiscal propugna el rechazo a la excarcelación y Vuestra Señoría lo admite así como así.- Quispe jamás supo de tal notificación, sea porque no le avisaron los empleados de ese lugar, sea porque lo intentaron y no llegó, sabe Dios.-  Pero no nos vengan con que solo por eso, por la notificación fallida de un trámite administrativo se rechaza la excarcelación.-    Que el Fiscal busque otra excusa de más entidad y que el Tribunal la analice mejor por favor, no es mucho lo que se pide al respecto.- b) El otro domicilio que se busca como pobre excusa para el rechazo de la excarcelación es el domicilio señalado por Quispe al momento de su detención.- Se lo decimos casi a los gritos Señor Juez: ESE DOMICILIO EXISTE, ahí es donde vivía Quispe hasta su detención, ahí es donde se encuentra su familia.- El lugar es en medio de una Villa Miseria, por supuesto un lugar espantoso al que los funcionarios suelen no llegar o ingresar.-   No es común ir “a esos lugares”, pero lo cierto es que si se toma con responsabilidad, y se verifica, ahí está la familia de Quispe.- Por supuesto que puede ocurrir que justo cuando lleguen no haya nadie, que su hijo esté en la Escuela y su mujer trabajando y que –por supuesto como hasta nosotros lo haríamos- NADIE le dará en esos lugares ningún dato a la partida policial o judicial, no se estila.- Y hay que dejar una notificación o insistir, así como se hacen allanamientos a distintas horas también se puede buscar notificar a horas no hábiles.- Pero no se hizo, y se mintió porque nadie estuvo en el lugar y directamente informan mal y perjudican a Quispe.- Y sobre todo con eso ganan tiempo porque de eso se trata, de decir que NO con cualquier excusa, dejar que el tiempo trascurra, pasar la feria y así ganar tiempo para que se cumplan los sesenta días que SE HA ARREGLADO entre dos estados que actúan como socios en la persecución a un periodista luchador y digno como Quispe.-                 El domicilio de Migraciones no tiene más valor que el aportado ante las autoridades documentales argentinas y peruanas, lugares donde el Fiscal no mira, o lo que es peor: lo tapa, trata de ni mencionarlo.-                 Quispe le dijo a V.S. que se presentó ante el Consulado peruano en la Argentina, que solicitó su pasaporte peruano y que estos PREVIO CONFRONTAR Y AVERIGUAR que carecía de antecedentes o requerimientos penales SE LO OTORGARON.-                 Esta circunstancia servirá también como argumento cuando tengamos que tratar el fondo del asunto, pero a los fines de la presente, debe considerarse como un elemento a favor de la excarcelación ya que tiene pasaporte peruano otorgado por Perú a nombre suyo  y sobre todo que implica una forma absolutamente legal y arraigada de convivencia en la Argentina.-                 También le dijo a V.S. que tiene DNI argentino y que las autoridades nacionales se lo otorgaron luego de verificar mismos extremos que las peruanas, esto es: que carece de antecedentes penales, capturas o requerimientos ni en la Argentina ni en Perú.-                Ya que estamos aprovechemos para mechar una pregunta algo improcedente en esta petición pero no podemos dejar de hacerla o esperar al juicio: ¿Cómo es posible que el Estado peruano le otorgara el pasaporte y el argentino el DNI pesando sobre Oswaldo semejantes imputaciones y requerimientos judiciales?   Por ahora dejémoslo ahí, simplemente considerémoslo a los efectos de la excarcelación.-                   4) Más arraigo: trabajos                    Nuestro defendido trabaja como periodista, es periodista.-    En Perú, además de periodista era miembro de un Estudio de Abogados que defendían campesinos y criminalizados en sectores muy humildes y desprotegidos.-  Esto también explica la persecución actual.-                     Los asociados fundadores de la histórica Gremial de Abogados que nos enorgullecemos en continuar han sido encarcelados, asesinados o desaparecidos por gobiernos elegidos democráticamente como el de Isabel Perón mediante sus Tres A, (Igual que Alán García, Fujimori u Ollanta Humala en Perú, el ser elegido por sufragio no garantiza no ser genocida, sino miremos a los gobiernos colombianos o mexicanos, para no llegar más cerca de nosotros mismos) o por las dictaduras militares.-                         Acá en Argentina Oswaldo  trabajaba en La Olla TV y también en la radio de la Constituyente Social “Nuevo Amanecer” y por si fuera poco también se desempeñó en la Cancillería Argentina.-   Si, eso dije: la Cancillería Argentina.-                   Oswaldo es miembro de la Red de Emigrantes y Refugiados, y en tal carácter tenían convenios o relaciones con nuestra Cancillería.-                    Y por si fuera poco, tiene una hija argentina.-                    III-ANTECEDENTES DE PESO                    Estos defensores somos viejos, eso nos da la ventaja de entender que en estos casos se juegan intereses políticos.-   Ni bien Quispe fue detenido el Secretario de Seguridad Sergio Berni dijo públicamente que se trata de un terrorista.-                  Solo con eso sabemos que es difícil controvertir tal afirmación por los funcionarios judiciales, por distintos motivos quizás, si consideramos que los medios oficialistas y opositores ubican a V.S. y al Fiscal en extremos distintos del pensamiento político, o sea a favor y en contra del Gobierno actual en cada caso.-                 Quizás estén enfrentados política o ideológicamente en todo, salvo cuando tienen enfrente a un luchador como Oswaldo Quispe.-   A juzgar por la resolución denegatoria de la excarcelación peticionada anteriormente tanto V.S. como el Fiscal no mostraron fisuras.-                Ahora le venimos a recordar que nada dijeron de aspectos importantes agitados por nosotros en beneficio de Quispe y por si fuera poco les traemos avales de una calidad tal que ya no será posible invocar falta de arraigo e inventos falsos como que carece de domicilio comprobable.-                Por supuesto, si el punto es decir NO, todo es posible, algo se le podrá ocurrir al Fiscal y se ratificará sin discusión ni análisis alguno.-   Pero convengamos que cada vez es más difícil.-                         1)    Un avance importante                Debemos reconocer que a pesar de lo agraviados que nos sentimos por una denegatoria sin argumento ni fundamento alguno como la que aquí criticamos, hubo sí un avance importante cual es que se declaró la inconstitucionalidad del art. 26 de la Ley 24.767.-             Una pena que la misma coherencia no se haya podido continuar considerando lo que tal declaración implica en el caso de la excarcelación que solicitamos.-                             La declaración de inconstitucionalidad es un paso importantísimo que no desconocemos.-   Ahora bien, tal resolución nos remite necesariamente al acogimiento favorable de la excarcelación, no queda otra, ya no se puede echar mano a argumentos infantiles que caen por sí mismos y si no lo hicieron antes, caerán ahora con lo que la defensa aporta.-               IV-CONCLUSIÓN               Está más que acreditado que Quispe tiene arraigo y domicilio, demostrado documentalmente con el aval de las autoridades correspondientes argentinas y peruanas.-              Está demostrado que Quispe es y trabaja como periodista en medios conocidos, lo cual fue planteado por el requerido y no controvertido ni por la Fiscalía ni en la resolución denegatoria.-   Quispe lo dijo y el Tribunal no lo verificó, tal situación no puede cargarse en contra de nuestro asistido.-  Si el Tribunal tuviera duda de los dichos de Quispe que vaya y los verifique, no tiene por qué el propio requerido ponerse a acreditar lo que dice y agita a su favor.-             Pero si alguna duda cupiera en el Tribunal al momento de resolver, le pedimos que consideren los importantes, cuantiosos y prestigiosos avales traídos a favor de Quispe, lo que nos exime de mayores comentarios.-            Por todo ello venimos a insistir: no es necesario prologar un sufrimiento que ya carece de sentido.-  Tampoco anteponer intereses geopolíticos por arriba del derecho nacional.-    No hay argumento alguno, por más esfuerzo que se ponga en conseguirlo,  que pueda tener más fuerza que lo aquí expuesto incluyendo la declarada inconstitucionalidad del art. 26 de la Ley de Extradición.-   Oswaldo Quispe debe ser excarcelado.-            Así lo peticionamos                            Proveer de conformidad                               SERA JUSTICIA A disposición Lista de personas que adhieren al pedido de libertad de Oswaldo Quispe y que declaran ponerse a disposición del juzgado a fin de manifestar expresamente su aval al planteo de que Quispe no evadirá la acción judicial y conocen perfectamente su arraigo desde antes de su detención.- Los numerosos periodistas argentinos y de distintos países que también integran esta lista declaran expresamente que Oswaldo Quispe es un colega de ellos y que conocen perfectamente su trabajo y los lugares donde lo ha ejercido desde que arribó a la argentina en el año 2004 Los defensores de Oswaldo Quispe doctores  Roberto Perdía y Eduardo Soares, declaramos bajo juramento que todos los nombres de la lista que aportamos se comunicaron directamente o por medio de correos con cada uno de nosotros, o  con el equipo de defensa de la asociación gremial de abogados a fin de hacernos saber de su compromiso expresado arriba.-  Y en este sentido ponemos a disposición del tribunal a las prestigiosas personalidades de la lista,  reconocidos muchos de ellos nacional o internacionalmente, a fin de que verifique las garantías de arraigo sobre Quispe que dicen declamar.- OSVALDO BAYER escritor, periodista/NORA CORTIÑAS madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora/VICENTE ZITO LEMA, poeta, escritor, periodista, abogado/EDUARDO TATO PAVLOVSKY, dramaturgo/NORMAN BRISKI, actor, dramaturgo/ATILIO BORON, politólogo/RAUL CARNOTA, músico/ PABLO LLONTO, abogado, periodista/ALFREDO GRANDE, médico psiquiatra/ ATICO Cooperativa de Salud Mental/STELLA CALLONI, periodista, escritora/BEINUZ SZMUKLER, Asociación Americana de Juristas/SUSANA ECHEGOYEN, médica, ex diputada CABA/CARLOS AZNAREZ, periodista/HECTOR FENOGLIO, periodista/LEANDRO ALBANI, periodista/JORGE LEWINGER, periodista/TOMAS MORAL, periodista, Director LRF 780 Radio Argentina Ushuaia/CLAUDIA KOROL, periodista, educadora popular, feminista/FERNANDO BUEN ABAD DOMINGUEZ, filósofo mexicano, Universidad de Filosofía/JOSE STEINSLEGER, periodista ALBERTO FERRARI, periodista/SERGIO ORTIZ, Secretario General Partido de la Liberación/GUSTAVO ROBLES, RRPP del Partido Comunista de los Trabajadores/DIEGO HERCHHOREN, abogado/PABLO GANDOLFO, periodista/JULIO DURVAL FUENTES, Secretario Gral. ATE Nacional y Presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)/PABLO MICHELLI, Secretario Gral. 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Reportaje al periodista Horacio Verbitsky.

ARGENTINA

"Hay tantas cosas falsas que se me han atribuido".

En una nueva edición de las mejores entrevistas del año 2013, el periodista y titular del CELS habla sobre su útimo libro, Cuentas pendientes, donde con un equipo de investigadores indaga sobre los ?cómplices económicos? de la dictadura. También, da su posición sobre César Milani.

Por Magdalena Ruiz Guiñazú | 01/02/2014 

Dictadura. ?Los abogados de las grandes empresas fueron una de sus bases fundamentales?. | Foto: Grassi

En septiembre de 2013 apareció en las librerías el último libro de Horacio Verbitsky, Cuentas pendientes - Los cómplices económicos de la dictadura, en colaboración con Juan Pablo Bohoslavsky y un interesante grupo de políticos, juristas, sociólogos y economistas. En una palabra, una recopilación de pensamientos varios.

?Sí ?explica Verbitsky?, es un libro que imaginamos con Juan Pablo Bohoslavsky. El es muy joven, abogado y ha realizado su formación de posgrado en Estados Unidos y Europa. Se ha especializado en estos temas y nosotros, desde el CELS, hemos trabajado permanentemente esta problemática. Como periodista yo he escrito mucho al respecto pero pensamos que, tal vez, había que tomar una serie de esfuerzos dispersos y aunar sus estructuras haciendo un libro que abarcara los distintos aspectos de lo que ha sido la complicidad económica con la dictadura. En mis otros libros hace ya muchos años que vengo planteando el componente, la dimensión económica y eclesiástica de lo que fue la dictadura. Pero aquí lo encaramos y lo abordamos en forma sistemática contemplando distintos aspectos: jurídicos, políticos, económicos, nacionales e internacionales. Por eso en este libro hay artículos sobre doctrina y jurisprudencia nacional e internacional respecto de la complicidad económica en crímenes de lesa humanidad. Por eso, también, la convocatoria a todos estos autores y con Pablo hemos escrito la introducción, el cierre y dos capítulos cada uno.
?Efectivamente, mientras hojeamos este primer ejemplar observamos que la dimensión internacional está a cargo de Jorge Taiana; los temas jurídicos internacionales, tratados por Naomi Roht-Arriaza, o la macroeconomía de la dictadura a través de la mirada de Eduardo Basualdo o Alfredo Calcagno? En fin, un numeroso grupo de especialistas que también se ocupan de juicios del momento, como el caso del Ingenio Ledesma.
?Justamente ?explica Verbitsky?, un largo capítulo del libro está dedicado al caso de Ledesma en el que se ve más claramente que en otros la confusión entre el Estado y la empresa privada. El Ingenio Ledesma tenía un destacamento de Gendarmería instalado desde la época de Onganía. ¡Imaginate, a 400 kilómetros de la frontera! Desde un punto de vista estricto de seguridad nacional esto no tenía explicación. La explicación era la concepción deforme de la seguridad nacional que consistía en la represión a la organización sindical y a la organización política de los trabajadores siempre en defensa de los intereses de la empresa. Se produce entonces allí una relación simbiótica entre la empresa y el Estado. Una relación donde ya no se sabe cuál es el límite. Es decir, la Gendarmería es parte del dispositivo de la empresa y la empresa es la que financia la actividad del aparato represivo. Hay allí un solapamiento de roles muy grande entre lo público y lo privado. Y en ese capítulo se analiza este aspecto. Lo escriben Ana Franzki y  Alejandra Dandan.
?Esto en cuanto al rol económico de las empresas, pero hay un aspecto del que ya hemos hablado cuando aparecieron otros libros tuyos. Me refiero al rol de la Iglesia.
?La Iglesia es la dimensión económica. Uno de los capítulos que yo escribo es justamente sobre los beneficios económicos que obtuvo la Iglesia por su involucramiento con la dictadura. En general se habla de los subsidios a los sueldos de los obispos, seminaristas etc. Y eso, a valores de hoy, son unos 30 millones de pesos anuales. Pero se observa  menos lo que es el subsidio a la enseñanza nacional que, a valores de hoy, actualizados al 2013, superan los 5 mil millones de pesos por año y que van al sistema educativo confesional. Es una enorme cantidad de dinero de la cual hay poca conciencia porque la Iglesia ha logrado que el presupuesto nacional no discrimine con exactitud adónde va cada ítem de los fondos que salen del Ministerio de Educación. Ellos trabajan con la idea de que es un ?servicio público de gestión privada?. En consecuencia, han logrado (por la influencia que han tenido sobre distintos gobiernos) que no haya una discriminación en el presupuesto. De modo que llegar a la reconstrucción de cuáles son las transferencias es todo un trabajo. Tiene una gran elaboración. Requiere ver, jurisdicción por jurisdicción en todo el país, qué porcentaje de las transferencias a la educación privada van para colegios religiosos y cuántas para colegios no religiosos. Para eso necesitás realizar un trabajo de desmenuzamiento para llegar a reconstruir la cifra total que  no está especificada en ningún lado.
?¿Esto empieza con la dictadura?
?No. Comienza en 1947, durante el primer gobierno de Perón, y se va ampliando en los sucesivos gobiernos militares con diferentes canonjías. Durante el gobierno de la dictadura esto alcanza su madurez.
?También hay algo que generalmente no se menciona y que vos señalás en el capítulo correspondiente. Me refiero a la presencia de la Cité Catholique, que fue una institución de extrema derecha que provenía de Francia, de la terrible guerra de Argelia y de la que no se ha hablado suficiente. No sé si aún existe en el mundo.
?Sí. Aún existe. Lo que ocurre es que periódicamente cambia de nombre justamente para dificultar su identificación. Han organizado grandes encuentros internacionales aun aquí, en la Argentina.
?¿Con el apoyo de la cúpula eclesiástica actual?
?No. Digamos que desde hace ya muchos años la cúpula eclesiástica no la apoya, pero sí tiene apoyo en sectores sociales muy poderosos económicamente. No estoy hablando de la cúpula del Episcopado. Por el contrario, en la época de la dictadura, utilizó sus relaciones con el gobierno militar para cuestionar el espacio que ocupaban estas  organizaciones (como la Cité Catholique) en la Argentina. Digamos que había una pugna entre el integrismo y la cúpula eclesiástica pero, además, hay otra cosa que he investigado y figura en ese capítulo. Me refiero a los subsidios no declarados: sobresueldos para ciertos obispos, pasajes aéreos y ferroviarios, subsidios para la Acción Católica, desgravaciones impositivas. Por ejemplo, durante la dictadura hubo un intento de Obras Sanitarias para cobrarle la tasa a una institución religiosa y, luego de hablar con Videla, los eximieron no sólo de la tasa que correspondía a la institución dedicada al culto, sino a todo lo que tenía alrededor. Eximiciones de todo tributo, de todo impuesto. Además, aparecen las donaciones. Por ejemplo el edificio donde hoy funciona la Conferencia Episcopal fue, inicialmente, la residencia presidencial en tiempos de Ortiz y, a su muerte, no volvió a utilizarse como residencia presidencial. En 1955, cuando el incendio de la Curia Metropolitana en Plaza de Mayo, mientras se reconstruía el edificio actual, el Gobierno le cedió en préstamo al Arzobispado y a la Curia el edificio de la calle Suipacha. En 1981, durante la dictadura, los cardenales Primatesta y Aramburu hablaron con Videla. Ya se había reconstruido la Curia Metropolitana, pero Videla acepta donar el edificio de la calle Suipacha para que allí funcione la Comunidad Episcopal. La donación incluía también la playa de estacionamiento y el terreno donde actualmente funciona un hotel. Esto en cuanto a los beneficios económicos que la Iglesia Católica obtuvo durante la dictadura. 
?Ante la cual siempre se rebeló monseñor De Nevares y le costó la vida a monseñor Angelelli, obispo de La Rioja.
?Sí. Por supuesto. Ha habido un sector del Episcopado muy digno aunque minoritario que fue denunciante de los atropellos de la dictadura. Tuvieron muchas bajas porque han sido asesinados o perseguidos por la dictadura con el silencio cómplice de sus hermanos en el Episcopado que, al no denunciarlos, encubrieron aquellos crímenes. Cuando la elaboración de la carta pastoral ?Iglesia y bien común? de mayo 1976 y que es el primer documento episcopal después del golpe los obispos, uno tras otro, fueron informando de las atrocidades que estaban ocurriendo en sus respectivas diócesis y luego discutieron acerca de qué hacer con aquella información. Se decidió efectuar una votación y por dos tercios decidieron no hacer público lo que ya sabían resolviendo, en cambio, redactar este documento en el que justifican los métodos de la represión: ?En tiempos de violencia desatada??dice el documento? ?no se puede pretender que la represión actúe con métodos químicamente puros?. Esta es una tremenda justificación de aquello que ya sabían. Después dijeron ?nosotros no sabíamos?? pero sí, sabían.
?También es muy interesante el capítulo que vos dedicás a los abogados.
?Este es un tema menos conocido. Por ejemplo, se sabe de la participación de Jaime Smart, ministro de la provincia de Buenos Aires, actualmente condenado a prisión perpetua por participación en los crímenes del circuito Camps. Pero Smart no es una golondrina que se extravió de su bandada. Smart es representativo de un sector muy importante, que son los abogados de los grandes estudios, de las grandes empresas que fueron una base fundamental para la dictadura. En este rubro yo publico documentos en los cuales ellos plantean que el rol que deben asumir consiste en brindar la fundamentación jurídica, el sustento legal al rudo uso de la fuerza que hacían los militares. En este punto me detengo a estudiar a dos instituciones: el Foro de Estudio sobre la Justicia (Fores) que sigue existiendo en la actualidad y que se forma durante los primeros años de la dictadura y realiza una serie de congresos anuales en los que justifica los crímenes de la dictadura, ataca a quienes denuncian la represión clandestina, intenta darle un baño de respetabilidad y legalidad a la política de desaparición forzada de personas buscando descalificar por un lado a sus víctimas y, por otro, a quienes denuncian esta masacre. La otra institución es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. (Y aquí Verbitsky añade en tono burlón) Para ser más precisos, como la ciudad de Buenos Aires es muy grande hablaría del Colegio de Abogados de la calle Montevideo o del Colegio de Abogados de la ?City? de Buenos Aires, porque sus integrantes son fundamentalmente abogados de grandes empresas de la City que se unieron durante la dictadura y desempeñaron un rol muy importante en la justificación de los crímenes cometidos y participaron de los grandes negocios de la época.
?¿Por ejemplo?
?? bueno, el endeudamiento externo, todo lo relacionado con el derecho empresario, con las transferencias de empresas? Hicieron grandes negocios, ¡y siguen haciéndolos en el presente! Por un lado, dieron fundamentación ideológica y técnica jurídica a una dictadura brutal y, por otro como te decía, hicieron grandes negocios. También ellos son los que le dieron letra a la dictadura para modificar la legislación argentina de modo tal de habilitar lo que se llama ?prórroga de jurisdicción sin la cesión de soberanía? para que ciertos contratos y tratados no sean dirimidos (en caso de conflicto) en los tribunales argentinos, sino en jurisdicciones ajenas al estilo de lo que estamos viendo ahora con el juicio de los fondos buitre en la ciudad de Nueva York. Esta es una legislación (y ?legislación? ¡es una palabra muy grande!) que abarca los decretos firmados por los presidentes de la dictadura con el asesoramiento de esta gente para hacer esa cesión de soberanía de modo tal que los grandes negocios tuvieran la protección de la Justicia fuera de los límites de la Argentina. Estos mismos abogados son los que litigan hoy contra la Argentina en el Ciadi (Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones). Justamente en ese capítulo menciono los nombres, las causas, los montos que reclaman. Reclaman miles de millones de dólares contra la Argentina defendiendo empresas extranjeras y allí se ve la continuidad perfecta entre lo que han sido la dictadura militar, las privatizaciones del menemismo, los tratados bilaterales de inversión y los reclamos que hoy están haciendo contra la Argentina en entidades internacionales como el Ciadi.
?Algo que también es importante recordar es el apoyo internacional que tuvo la dictadura. 
?Esto lo plantea Eduardo Basualdo en otro de los capítulos. En efecto, después del golpe llega a la Argentina un crédito del Fondo Monetario. Un apoyo muy fuerte a la dictadura que también aparece en los capítulos de Alfredo Calcagno y de Juan Pablo Bohoslavsky donde muestran cómo el apoyo brindado desde los grandes bancos internacionales permite a los militares consolidarse en el gobierno y disponer de recursos para el emprendimiento criminal que estaban realizando.
?Ahí vos hacés una terrible pregunta. ¿Qué habría pasado si la comunidad internacional hubiera condenado a la Junta?
?¡Ciertamente no habrían tenido los recursos con que contaron! Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos a partir de 1977 cuestionó la Junta y la represión. Desde que llegó Carter a la presidencia. Incluso votó en contra del otorgamiento de créditos a la dictadura a causa de la política represiva. Pero esa política duró poco, porque hubo empresas norteamericanas que protestaron porque querían hacer negocios en la Argentina y ese tema las obstaculizaba. También los bancos norteamericanos nunca dejaron de apoyar crediticiamente a la dictadura. Justamente en aquellos años se hace el gran negocio del endeudamiento argentino con préstamos hechos por los bancos internacionales y, entre ellos, fundamentalmente, los bancos norteamericanos. Todo esto está en el origen de la gran crisis posterior del país: la deuda que no se puede pagar etc. Toda esa historia que conocemos tan bien hasta las renegociaciones del 2005 y 2010 que aliviaron esa situación tremenda.
?Luego, también, aparece la P2. Una presencia muy interesante. Casi un hecho policial.
?Justamente en este libro tenemos un capítulo escrito por Claudio Tognonato (sociólogo y filósofo), que salió del país durante la dictadura y permaneció luego en Italia, donde es titular de la Universidad Roma III. En ese capítulo Tognonato menciona la complicidad de las grandes empresas italianas y de la Logia P2 con la dictadura argentina. También desarrolla en detalle esos nexos que yo había tocado en mi libro La mano izquierda de Dios. El reclutamiento para la logia no se hizo en función de la nacionalidad, sino de los resortes de poder que manejaban. Licio Gelli conduce esa logia como un gran club de negocios y de represión político-policial-militar tanto en Italia como en Argentina. Lo que ocurre es que en Argentina el golpe tiene éxito y en Italia, ¡fracasa! Porque, en Italia también se intenta el golpe. También allí hay una estrategia de la tensión con atentados, muchos muertos y todo un proyecto de desestabilización de la democracia italiana en un golpe de Estado que fracasa. ¡Las instituciones italianas son más sólidas que las argentinas! Pero el plan estaba dirigido a los dos países. Mirá, la P2 estuvo en el gobierno italiano hasta hace pocos meses con Berlusconi ¡que aplica el plan de la P2! El plan de la ?rinascita? que se menciona en ese capítulo puesto que Berlusconi era miembro de la P2. Con decir que, Licio Gelli reaparece con Berlusconi. Licio Gelli tiene 90 años y vive hoy tranquilamente en Italia donde nadie lo molesta y hasta lo entrevistan por televisión.
?También vos mencionás aquí la gran venta de armas que hizo Italia a Argentina.
?Italia fue uno de los grandes proveedores de armamentos y hubo un incremento del comercio bilateral muy grande entre 1976 y 1983. Un componente esencial de ese intercambio fueron las armas. Massera viajó (acompañado por Gelli) a los astilleros Otto Melara de Italia para comprar fragatas y piezas de artillería, pero el negocio fracasó porque los trabajadores del astillero le hicieron una demostración de repudio a Massera durante su visita y Massera se ofendió desistiendo de efectuar la compra.
?¿Los cañones Otto Melara son los mismos que aparecen en un informativo de la época del contrabando de armas en la época de Menem?
?Sí, son los mismos cañones.
?¿Y el tema del levantamiento del secreto fiscal a fin de evaluar si la política económica estatal benefició a ciertos grupos dentro y fuera del país?
?Con Bohoslavsky, en el capítulo final planteamos qué habría que hacer en este sentido. Y lo fundamental que planteamos es la creación de una Comisión Investigadora al estilo de la Conadep (con amplias facultades tal vez más amplias que las que ustedes tuvieron en la Conadep). Ustedes tenían una pugna feroz cada vez que querían entrar a algún lugar en el que había desaparecido gente. Me acuerdo que, en Córdoba, ¡en el 3º Cuerpo no querían dejarlos entrar! Y en la ESMA les sacaban fotos? Bueno, hablo de hacer una comisión de ese tipo, pero dedicada a ver la complicidad económica con la dictadura y el levantamiento del secreto fiscal, en casos muy específicos en los que hubiera que investigar (previamente documentados) si la empresa participó en aquellos delitos. Y si se benefició, en qué manera lo hizo. Para esto es la propuesta del levantamiento del secreto fiscal. ¡No es una medida para todo el mundo! Sería solamente para casos muy específicos. Por ejemplo, Ledesma es uno de esos casos: hay una denuncia, hay testigos, documentos, desapariciones? Ayer apareció un nuevo documento que prueba que el petit hotel de la calle Azcuénaga donde se encontraban el grupo de ideólogos y de hombres de negocios llamado grupo Azcuénaga y el grupo Perriaux y donde se elaboraban los planes de derrocamiento del gobierno constitucional y la elaboración de un plan económico para el futuro golpe, era propiedad de Blaquier quien, a su vez, declaró que no conocía la existencia del grupo Azcuénaga.
?Entonces, a la luz de todo esto que estamos hablando, ¿cómo explicás que una persona como el general Milani esté hoy al frente del Ejército considerando las denuncias que ustedes (y tanta otra gente) han hecho en el CELS? 
?Nosotros, frente a los ascensos de Fuerzas Armadas y de Seguridad, desde el año ?83 en adelante, desde que hubo democracia en la Argentina, cada vez que hay propuestas de ascensos las estudiamos y vemos si los antecedentes de las personas que van a ser ascendidas tienen alguna relación con la dictadura o no. Y enviábamos históricamente al Senado las objeciones. Por ejemplo, Emilio Mignone ya en 1984 objetó el ascenso del entonces mayor Brinzoni. Y cuando yo lo denuncié en el año 2000 o 2001 por la masacre de Margarita Belén él dijo: ?Esto es un invento porque yo soy el jefe del Ejército. ¡Nunca nadie ha señalado esto!?. Nosotros le mostramos la página del diario en el que, en 1984, Mignone lo denuncia cuando Brinzoni era un jovencito que aún no era nadie. Hemos impugnado muchos ascensos con la información disponible que no es siempre ?toda? la información. Es decir, nosotros tenemos en el CELS un trabajo de reconstrucción muy laborioso y arduo. No somos el Estado. No tenemos acceso a todos los recursos del Estado. Nosotros tenemos las denuncias de las víctimas, los expedientes judiciales en los que hemos participado, los libros que se han ido publicando, las denuncias públicas que se han hecho, algunos archivos que se han ido desclasificando en distintos lugares. Por ejemplo, quiénes fueron los cursantes en la Escuela de las Américas y con eso vamos armando, más o menos, una información que pueda servir? En ésa época de Brinzoni, en el año 2000/2001 hubo unos 600 oficiales del Ejército que, impulsados por Brinzoni que buscaba protegerse, se presentaban en el CELS para preguntar qué antecedentes poseía el CELS acerca de ellos. Bueno, ahí la Asamblea Permanente por los derechos humanos se rehusó a contestar. Nosotros consideramos que era legítimo el pedido, que si había 600 militares que deseaban saber qué datos había acerca de ellos, nosotros no teníamos por qué ocultarlos. Vimos los antecedentes y, bueno, dentro de ellos había un grupo que había participado en la represión dictatorial. Otro, que había participado en los alzamientos contra el orden constitucional y, un tercer grupo, que sin haber hecho ninguna de las dos cosas habían sido instruidos, por ejemplo, en la Escuela de las Américas donde se enseñaba a torturar y todas esas cosas. Aquel episodio fue tan interesante que nosotros, en ese proceso, descubrimos que el abogado contratado por Brinzoni para representar a los 600 oficiales era el apoderado del partido neonazi de Biondini.
?¿De Biondini?
?¡Sí! Y tenemos incluso una foto del tipo con esa especie de disfraces de SS que usaban y saludando con la mano en alto y estandartes que simulan la cruz gamada? De modo que nosotros creemos que el militar tiene derecho a preguntar qué datos hay sobre él. No nos negamos a contestar. Ahora, aténganse a las consecuencias. Lo vamos a hacer público.
?A eso voy.
?Hemos impugnado el ascenso de Bendini, el primer jefe del Estado Mayor.
?El que descuelga el cuadro. 
?Sí, el que descuelga el cuadro. Nosotros hemos cuestionado el pliego de Bendini por una manifestación antisemita que hizo en una reunión con oficiales jóvenes en una unidad militar. Y también nosotros, en 2003, denunciamos penalmente al jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Godoy, por el espionaje que realizaba y cuando fue procesado renunció y se fue. Nosotros contestamos sobre lo que tenemos en nuestro archivo. Sobre Milani no había ninguna denuncia. No teníamos ninguna registrada, pero como después hubo publicaciones periodísticas en las que se señalaba su participación en determinados hechos empezamos a buscar fuera de nuestro archivo y esto nos llevó más tiempo. No es lo mismo consultar en el propio escritorio que salir a buscar. Ahí fue entonces donde encontramos ese documento. Milani firma el acta de deserción del  soldado Ledo y, en consecuencia, cuando el Senado nos consultó nosotros contestamos.
?Lo cual es correcto. Tiene que haber instituciones como el CELS que estén más allá de toda sospecha y que digan la verdad. Lo que al ciudadano le molesta es que, con tamaña evidencia, esa persona siga siendo el jefe del Ejército.
?Sí, por supuesto. Son decisiones que tiene que tomar el poder político. Veremos qué decide el poder político después del proceso electoral. También es cierto que ha habido, en torno a este tema, un bombardeo interesado. Se han hecho afirmaciones absolutamente falsas. 
?¿Por ejemplo?
?Por ejemplo, el tema del presupuesto de Inteligencia. Se han dado cifras absurdas que no tienen ningún asidero en la realidad. Me refiero a Inteligencia del Ejército. Se ha planteado por ejemplo que el general Milani estaba haciendo espionaje político interno para el Gobierno. No hay un solo dato que avale esto. Se ha planteado que el general Milani había sido el organizador del denominado ?Proyecto X?. Ese es un tema de Gendarmería. El Ejército no tuvo ninguna intervención. En fin, ha habido una cantidad de informaciones falsas. Nadie puede ser ingenuo. ¡Estamos en un proceso electoral, en un escenario político muy polarizado donde cada sector busca con qué tirarle al otro! Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo sustrayéndonos de esa polarización. Tratamos de hacer lo mismo que hicimos siempre: no tener una conducta distinta hoy a la que tuvimos en el pasado.
?Por eso el CELS tiene credibilidad.
?Nosotros podemos mostrar una conducta. Seguimos haciendo lo que venimos haciendo desde 1983. Son treinta años de hacer lo mismo. Y lo seguimos haciendo hoy cualquiera sea el presidente o el gobierno? Si hay algún elemento, nosotros lo ponemos a disposición. Ahora, el Gobierno plantea que hoy existe un funcionamiento de la Justicia que no había en aquella época y que si está funcionando la Justicia los estándares no pueden ser los mismos que cuando no funcionaba la Justicia. En la época en la que no había Justicia bastaba con un dato para hacer una denuncia, un escrache. Hoy, no. Esto tiene racionalidad. No es un planteo disparatado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que una persona que tiene ese antecedente no está calificada para el cargo, pero respeto el argumento porque no dice ?no me importa lo que haya hecho?. No. La respuesta no es ésa. La respuesta es: ?Si la Justicia comprueba estos hechos, se va a ir al día siguiente?. Bueno, yo creo que es un error, pero tampoco me parece que el tema sea? se ha tomado este tema para, digamos, descalificar al conjunto de la política de derechos humanos de la década.
?A mí me preocupa, te confieso? Me asusta, por ejemplo, el hecho en sí mismo. Me asusta también frente a un gobierno constitucional (siempre vamos a defender un gobierno constitucional) que ocurran episodios como el de la huida de 13 presos de una cárcel de alta seguridad como la de Ezeiza. Alambrados sin alarmas, vigías que no están, etc. No sé qué pensás vos.
?Yo creo que ese episodio es muy grave y creo que es la reacción frente a una política del Servicio Penitenciario más respetuosa de los derechos, menos corporativa, menos represiva.
?¿Vos decís: Hortel preferible a Marambio?
?Nosotros tuvimos posiciones críticas durante el desempeño de Marambio en el período anterior por temas muy específicos, pero tampoco pensamos que Marambio sea un represor ni lo podemos comparar con la dictadura. Y, además, la declaración que hizo el ministro Alak y el propio Marambio de que no se va a retroceder en los avances que se realizaron durante la gestión de Hortel me parece que obliga a tener una actitud atenta para ver si es cierto. En ese sentido nosotros no tenemos ningún problema en volver a cuestionar lo que había ocurrido porque lo hicimos en su momento.
?Recuerdo que ustedes visitaban siempre las cárceles. ¿Lo siguen haciendo?
?Sí, lo seguimos haciendo. Y en este momento de la campaña electoral hay esa tendencia a la ?blanquinegrización?, donde una organización como la nuestra quiere ser extremadamente cuidadosa, fiel a sus principios, a su historia y, al mismo tiempo, no engancharse en las movidas evidentes que se están realizando en contra del Gobierno que más pasos ha dado a favor de los derechos humanos en la Argentina a lo largo de los últimos treinta años de democracia. Buscamos el equilibrio entre todas las cosas.
?¿Vos pensás que se han dado más pasos treinta años después, cuando vos fuiste testigo, en 1984, de lo que fue enfrentarse con un Ejército poderosísimo y que todavía tenía el poder en la mano, y justamente treinta años después asistimos impotentes al secuestro y la desaparición de Julio López?
?Yo creo que en estos años se ha avanzado más que nunca en los treinta años de democracia. Yo no desvalorizo lo que hizo el presidente Alfonsín en su momento. Por eso vos viste que, cuando hice la enumeración, dije ?no se puede tratar a este gobierno igual que?? no mencioné el de Alfonsín. Mencioné a los otros gobiernos de los treinta años de democracia. Alfonsín tiene un lugar importante, pero también es cierto que lo que escribió con la mano lo borró con el codo.
?Las Leyes de Perdón? bueno, no sé si vos recordás que la Conadep se opuso a las Leyes de Perdón.
?¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de todo. No me olvidé de nada, pero creo que este gobierno es el que más ha hecho en este sentido y, por ejemplo, volviendo al tema del libro del cual no quisiera alejarme tanto (ironiza, riendo) me parece que es el primer gobierno que da pasos muy claros en el sentido de propiciar también el enjuiciamiento de las complicidades económicas. El planteo de que la dictadura no fue sólo militar, sino cívico-militar; que hubo grandes beneficiarios económicos de la dictadura. En esa materia ha habido, en estos años, intervenciones del Estado que me parecen muy valiosas y que tienen que ver con la política general de derechos humanos. Me parece que, en buena medida, explican la crispación de esos sectores contra el actual gobierno. El hecho de haber sido investigado el caso de Papel Prensa es un avance importante. En este nuevo libro hay un capítulo sobre el tema y también está mencionado en otros capítulos y me parece que avanzar en la investigación del rol que tuvieron esos sectores y sus intereses, es importante. Creo, también, que tiene que ver con el presente. Esta actitud enconada de Clarín y La Nación contra el gobierno nacional tiene que ver con eso. Uno podría decir, en el caso de Clarín ?claro, lo denunciaron y entonces responde?. Podríamos discutirlo. En el caso de La Nación que, aún antes de asumir Kirchner, publicaba un artículo de Claudio Escribano anunciando que ese gobierno no iba a durar ni un año porque no había aceptado las condiciones que él le había puesto para durar.
?En aquel momento el doctor Escribano dejó de ser secretario general del diario.
?Bueno, eso no fue inmediato, sino bastante después. Ya estaba de sobra en edad de jubilarse pero, además, siguió siendo miembro del directorio, columnista y asesor principalísimo? Yo me imagino a alguno de los grandes diarios paradigmáticos del mundo en el que se publica una cosa así y luego se descubre que el autor de esa nota previamente había hablado con el candidato y le había expuesto un pliego con condiciones que el candidato rechazó. 
?¿Escribano había hablado con Kirchner?
?Claro.
?Una última pregunta: ¿te molesta que te llamen ?el ministro sin cartera??
?Es falso. Eso me causa gracia. Como tantas otras cosas que me han atribuido. Sí me sirve para ver la inconsistencia con que se maneja la información de estos círculos. Yo sé, en mi caso, la cantidad de cosas falsas que se me han atribuido. En consecuencia no confío en las personas que me han hecho esas atribuciones cuando escriben otras cosas. Cuando dicen otras cosas. A mí eso me sirve como medida. Sin cartera ni con cartera ni con carterita ni con cartapacio? No tengo ninguna relación de ese tipo. Soy muy respetuoso de la libertad de expresión, como te consta.
?Es verdad. Nos hemos salido del tema de tu libro.
?Siempre lo he sido. Siempre lo seré y eso incluye la libertad de decir disparates y mentiras.

Garzón no cerrará más periódicos.

TESTIMONIO DE UN PERIODISTA AL QUE GARZÓN DEJÓ SIN TRABAJO

Por Joxerra Bustillo ( periodista del diario Egin, clausurado por Garzón)

(este artículo fue escrito en febrero 2012, cuando a Garzón lo dieron de baja por simular investigar los crímenes del franquismo)


He seguido desde la distancia la peripecia judicial del juez de instrucción Baltasar Garzón. Desde que ordenó la clausura del diario "Egin" y la emisora "Egin Irratia", allá por julio de 1998, no es santo de mi devocion, por razones obvias. Para quien no lo sepa, fui uno de los periodistas damnificados por aquel cierre y varios compañeros de trabajo y amigos permanecen hoy en la cárcel con motivo de aquella operación made in Garzón.

La sentencia que se ha conocido hoy, por la que se inhabilita y separa de la carrera judicial a este hombre, supone un gran alivio. Ya no ordenará el cierre de más periódicos. Ya no ordenará más escuchas a abogados de presos. Ya no seguirá haciendo lo que le venga en gana, como ha hecho hasta ahora.  Incluida su cínica postura ante las innumerables denuncias de tortura realizadas cara a cara por presos vascos.

No soy ingenuo. Sé perfectamente que quienes lo han denunciado son una cuadrilla de sinvergüenzas relacionados con tramas de corrupción, pero si el axioma de que el fin no justifica los medios debe prevalecer, Garzón también debe cumplirlo. En el caso de los abogados de presos vascos siempre se ha saltado ese principio. Se han grabado las conversaciones de los abogados con sus defendidos como norma habitual. Garzón, y otros jueces de instrucción como él, han actuado a su antojo, amparados en la razón de Estado.


Policías encapuchados clausuran el periódico Egin, obedeciendo órdenes de Garzón

El paradigma ha cambiado cuando esa práctica ilegal y antidemocrática les ha sido aplicada a abogados de detenidos de alto estanding, implicados en la trama Gürtel. Garzón se pasó de listo y pinchó en hueso. Se creía, como el Borbón, intocable, cuando se había labrado una interminable lista de enemigos. Y se ha quedado fuera de su querida Audiencia Nacional, para siempre. 

En el caso de las víctimas de la Guerra Civil, guiado por su megalomanía enfermiza, ha intentado abrir una Causa General contra el franquismo. Un loable afán, si no fuera porque se ha acordado tarde de las víctimas y se ha saltado a la torera los pactos que los antecesores de quienes ahora le jalean -léase el PCE y el PSOE- suscribieron a escondidas con los franquistas reciclados, encabezados por Suárez y Fraga. Esa Causa General debió ser abierta a instancias de un primer gobierno democrático tras la muerte de Franco, incluyendo entre los acusados a su sucesor en la Jefatura del Estado, pero nunca se hizo, y de aquellos polvos estos lodos.

Por otra parte, da lástima esa "izquierda garzoniana", que olvida todos los atropellos protagonizados por este juez estrella, y se agarra como  clavo ardiendo a su paripé contra Pinochet y su guiño judicial a los que reclaman, con dignidad, la memoria histórica de los derrotados. Una  "izquierda" patética, incapaz de plantar cara a una Constitución monárquica infumable, verdadero obstáculo para una verdadera regeneración democrática del Estado español. Siempre les quedará la opción de auparlo de líder carismático cara a las próximas contiendas electorales.

Pero más allá de esas miserias políticas, lo significativo, lo que tiene verdadero relieve, es que un juez de instrucción que ha protagonizado a lo largo de su carrera en la Audiencia Nacional incontables irregularidades, ha sido, por fin, puesto en su sitio por sus compañeros del Tribunal Supremo y además por unanimidad. Seguro que en la sentencia han podido influir prejuicios personales y políticos contra él, pero esa circunstancia es el pan nuestro de cada día en esas instancias.

Retirado de la primera línea de combate en defensa del Estado, por su propia prepotencia, el juez que elaboró la teoría del "todo es ETA" acaba su carrera profesional, saliendo por la puerta de atrás. Ahora lo único que deseo es que su reciclaje profesional no tenga nada que ver con Euskal Herria y sus gentes. Viviremos más tranquilos.