La pulseada entre el relato que esgrime el Gobierno de Cristina Fernández contra los efectos reales que producen las políticas públicas ejecutadas por el cristinismo talibán tuvo un nuevo round el viernes 22F cuando un heterogéneo grupo multiclasista, compuesto por víctimas y familiares de fallecidos en la Catástrofe de Estación Once y simples ciudadanos autoconvocados, se enfrentaron en Plaza de Mayo.

CLAUDIO CHIARUTTINI: UN 22F SILENCIADO POR LOS CANALES DEL RÉGIMEN MAFIOSO...

SIN SACO Y SIN CORBATA

De un lado de las vallas estaba los portadores del dolor, los dueños de las lágrimas, los que sufren ausencias y pérdidas, los que tienen un vacío en sus vidas y no pueden llenarlo. Del otro, los victimarios, los culpables, los responsables, los que niegan la verdad, los que causan catástrofes por la corrupción que practican, los que creen que se eternizarán en el poder.

De un lado de las vallas estaban los que gritaban y lloraban, del otro, los que guardaron un culposo silencio. No importa si reconocemos que la movilización del 22F citada por las redes sociales fue un fracaso. Las dos partes en que se encuentra divida la Argentina estuvieron presentes. Una se expresó en medio de un apagón eléctrico y un pesado apagón informativo. La otra se ocultó detrás de las cercas y de la Guardia de Infantería.

Desde hace un año, Cristina Fernández no sabe cómo enfrentar las consecuencias de la pésima política ferroviaria ejecutada durante 10 años de gestión kirchnerista.  Intentó un leve y mezquino acercamiento con los que sufren. La respuesta fueron reclamos y puteadas. El relato, a la hora de la verdad, no sirvió para nada. Tampoco sirvieron los anuncios que hizo durante enero y febrero la Casa Rosada en materia de ferrocarriles intentando evitar la movilización. Todas proclamas vacías.

Pero el 22F no debe tapar el hecho político más importante del año electoral: el lanzamiento del primer carpetazo de la Casa Rosada a un gobernador que intenta “sacar los pies del plato”. Fue el miércoles, cuando Daniel Scioli resolvió no ir al acto de recordación de los 200 años de la Batalla de Salta y evitó cruzarse con Amado Boudou.

La cita iba a ser el primer encuentro entre el Gobernador de Buenos Aires y el Vicepresidente de la Nación luego de que Amado Boudou llamara al ex motonauta “cobarde político” por la carta que el Jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, dirigió al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, solicitándole discutir la coparticipación nacional.

Cerca de Cristina Fernández esperaban que el Gobernador bonaerense bajara la cabeza ante el Vicepresidente de la Nación, pero Daniel Scioli resolvió suspender el viaje, no anunció su ausencia y llamó a su Gabinete para analizar las necesidades financieras de la provincia para cubrir el aumento de sueldo para docentes y empleados públicos.

La “rebeldía” del Gobernador bonaerense tuvo un respuesta directa: pasadas las 14.00, un par de “agencias de noticias” provinciales anunciaron la ruptura definitiva del matrimonio Daniel Scioli – Karina Rabolini.

De inmediato, se intentó contener el rumor. En La Plata guardaron el más absoluto silencio. El Gobernador bonaerense volvió a  jurar fidelidad a Cristina Fernández. La Casa Rosada, se desentendió del tema. Sin embargo, todos comenzaron a especular el daño que una noticia de este tipo podría causar a las aspiraciones presidenciales de Daniel Scioli, si llegaran a confirmarse. Así serán las casas que se jugarán durante este año político.

Pero el petit escándalo que se intentó imponer oculta el peligro del estallido de una crisis financiera de proporciones en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires si la Casa Rosada no ayuda a cubrir el déficit de 15.000 millones de pesos, piso, que tiene la Administración de Daniel Scioli para hacer frente a sus gastos corrientes durante 2013.

La Casa Rosada tira de la cuerda demasiado, sin recordar que las grandes crisis económicas que se produjeron en la Argentina desde el regreso de la democracia tuvieron como inicio o detonante un crack financiero de la Provincia de Buenos Aires. Si el Gobierno de Cristina Fernández tuviera buena memoria no prohibiría a Daniel Scioli a colocar deuda para financiarse, en especial, cuando La Plata promulgó una norma autorizando a los intendentes de Buenos Aires a obtener fondos frescos que no le podrá dar la gestión provincial en los mercados de capitales.

En la última semana, en los mercados internacionales, ha comenzado a crecer el temor de que la Argentina ingrese en default técnico cuando se conozca el fallo del Tribunal Superior de Nueva York en la causa que se sigue por el pago de deuda que reclaman los holdouts.

El primer síntoma de la preocupación de los inversores fue el aumento de los seguros contra default. El segundo, la aparición de algunos informes de bancos de inversión analizando las posibilidades reales que tiene la Argentina de imponer su posición. La tercera, que algunos medios internacionales comenzaron a especular sobre el éxito o no que tendrían los reclamos de la Argentina en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Hasta hace dos semanas, los analistas locales y los diarios oficialistas recomendaban a los inversores comprar bonos y acciones argentinas como protección ante el aumento del blue. Ahora, cuando han perdido gran parte de las ganancias obtenidas en enero, se pone en duda las verdaderas intenciones de aconsejar la adquisición de activos que perdieron rápidamente impulso. En idioma bursátil: ¿Hubo un “empome”?

Con reservas en baja, una fuga de divisas que se mantiene pese al cepo cambiario, un cepo importador que produce congelamiento de inversiones, recesión y destrucción de puestos de trabajo; además de una recesión estable y un inflación creciente, la economía argentina apenas podría soportar una crisis financiera profunda en la Provincia de Buenos Aires o un default técnico de la Argentina.

El Gobierno se ha hecho experto en jugar con la gente sólo para sostener el relato y justificar el marketing político. Ya sea ignorando 51 muertos y más de 700 heridos o empujando la realidad económica hasta un default técnico o una crisis que podría hacer renacer las cuasi monedas. Por eso no sorprende que la gran movida que tiene la Casa Rosada para ganar las elecciones de Octubre sea mantener el congelamiento hasta la votación.

Como ocurre con el cristinismo talibán cuando vuelca su realismo mágico a medidas que consideran “milagrosas”, pasan de la acción a la exageración. Así, ahora se intenta extender el congelamiento tres meses más y el secretario de Comercio Interior, Guillermo “Lassie” Moreno, no teme presionar a las grandes empresas alimentarias locales, como Arcor, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza y Ledesma para tener una oferta de productos con precios más o menos estable 3, 6, 9 meses, si es necesario. No importa si eso destroza las finanzas de las empresas.

De esta forma, la Casa Rosada ha decidido que el costo de absorber los aumentos de precios sean los grandes productores o los intermediarios. Es de libro de los gobiernos populistas, pero casi nunca ocurre. El efecto de esas medidas suelen ser desabastecimiento, acaparamiento, ventas en negro, desinversión, pérdida de rentabilidad para productores y algunos intermediarios y una inflación que sigue aumentando.

Ahora, el mismo Estado que obliga a los hiper y supermercados y empresas productoras a congelar sus precios deja que YFP mantenga los precios libres y obtenga incrementos periódicos como nunca antes recibieron los administradores o propietarios privados. Eso no es sólo un Estado injusto, es un Estado que abusa de su poder y discrecionalidad y que tiene al funcionario actuando como un soberano.

Desde 2005, cuando la inflación regresó a la economía argentina, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni su media docena de ministros de Economía han entendido las causas del fenómeno. Diez veces han anunciado acuerdos de precios y fracasaron. Diez veces han informado congelamiento de precios y fracasaron. Cien veces han amenazado a hiper y supermercados y empresas productoras con multas, inspecciones, intervenciones y persecuciones, los precios han seguido creciendo.

El cristinismo talibán repite los mismos infructuosos anuncios, las mismas inservibles amenazas, las mismas improductivas presiones una y otra vez, esperando resultados diferentes. Incluso, usa al mismo funcionario que fracasa en forme repetitiva que siempre tiene alguien a quién culpar.

Después de 11 años en el Gobierno, el cristinismo talibán ya no tiene más culpas para echar al pasado. La Catástrofe de la Estación Once es consecuencia de las políticas mal instrumentadas por el kirchnerismo. La crisis financiera que se cierne sobre la Provincia de Buenos Aires es resultado de 25 años de gobierno peronista. El peligro de un default técnico es resultado de un canje de deuda que no fue instrumentado en forma correcta. La inflación es hija de las políticas monetarias, de gasto y de recaudación que se han ejecutado desde 2003.

Los problemas reales no encuentran soluciones. El 22F fue uno de los efectos de esos problemas. Y como los problemas se acumulan, puede haber muchos 22F más. Todo balde, tarde o temprano, se llena y rebalsa. La bronca sube y las elecciones se acercan. No hay espacio para más fracasos. Tampoco hay más espacio para anuncios vacíos.

El viernes próximo, Cristina Fernández abrirá las Sesiones Ordinarias del Congreso por quinta vez. Nuevamente nos hablará de los grandes logros del kirchnerismo y de su gestión, culpará a casi todo el mundo de sus problemas y hará anuncios que nunca se efectivizarán. Es más de lo mismo.

El 22F fue un fracaso como ejemplo de movilización opositora citada por las redes sociales. La oposición debe preocuparse, pero el oficialismo no debería festejar. Hay un mal humor creciente en la sociedad, la imagen positiva cae y no se recupera. Si el Gobierno quiere ganar en Octubre, el abuso discursivo debe ser mínimo. Si se enamoran del relato, el ridículo y la crispación pueden estallar en una sociedad que, por ahora, espera.