Habría mil agentes como Balbuena.

ESPIONAJE A ORGANIZACIONES SOCIALES

(AW) Avanza la causa judicial por la infiltración de la Policía Federal en la Agencia Walsh. Declararon testigos, entre ellos el diputado provincial Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) que ratificó la existencia de la división de esa fuerza dedicada al espionaje, que cuenta con sustento legal y donde revistarían unos mil agentes. Además, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometió a responder sobre la "revisión" de esa normativa, que ningún gobierno hasta hoy, derogó. Américo Balbuena -Por Adriana Meyer. Primero fue el estupor, años de entrevistas a dirigentes de todos los colores políticos pero sobre todo del llamado “campo popular”, cronistas que compartieron notas durante más de una década con el falso periodista que resultó ser un agente de la Federal. Luego vino la denuncia pública, cuando hace un año la agencia de noticias Rodolfo Walsh anunció haber descubierto que uno de sus integrantes, Américo Balbuena, más conocido por todos como el Pelado, era un oficial de inteligencia de la policía, un PCI (personal civil de inteligencia). Y finalmente hubo una demanda ante la justicia penal que generó una causa, hoy en plena actividad. Hace pocos días declaró el diputado provincial Marcelo Saín y describió el funcionamiento de la división Reunión de Información de la Federal donde revistaba Balbuena. Mientras el expediente avanza, en su reciente informe al Parlamento el jefe de Gabinete Jorge Capitanich confirmó que Balbuena y su jefe están en “disponibilidad preventiva”, y se comprometió a responder por escrito sobre la “revisión” y eventual “derogación” del decreto que creó la unidad de la Policía Federal en la que revistarían otros mil agentes como Balbuena, que vienen manteniéndose intocables a través de los sucesivos gobiernos democráticos. La primera pregunta que le hicieron a Saín fue si ratificaba el contenido de un artículo que publicó en PáginaI12 hace más de cuatro años. Bajo el título de Los intocables, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria había afirmado que la Policía Federal, creada en 1943, es la única fuerza que desde el inicio del período democrático en 1983 no ha sido objeto de “ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática”. La única modificación fue a instancias del diputado socialista Simón Lázara, que en 1991 eliminó la potestad de los federales de detener personas sólo para su identificación o averiguación de antecedentes. A través del decreto-ley 9.021 de 1963, durante el gobierno de José María Guido, fue creada la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, esto es, “un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunos pocos miembros del comisariato superior de la fuerza”. Según detalló Saín, ese cuerpo está compuesto por “agentes secretos” abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”. Fue bajo este paraguas que Balbuena se infiltró durante más de 10 años en la agencia Walsh, porque esa norma habilita a estos agentes a infiltrarse en cualquier organismo público y privado, una facultad que no tienen ni siquiera los espías de la Secretaría de Inteligencia. “Este cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen superiores y subalternos, y entre sus numerarios se encontraba Ciro James y otros secuaces que cambiaron de bando con alguna notoriedad pública”, apuntó Saín en el artículo, y lo ratificó ante la justicia. A su criterio, la Federal tiene un nivel de autonomía “por abajo” superior a cualquier otra fuerza de seguridad. En su declaración, el legislador de Nuevo Encuentro aclaró que la reglamentación de 1967 asignó a ese Cuerpo de Inteligencia de la PFA la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia, posee jerarquías propias en un escalafón diferente a los demás policías, está exento de las normas que regulan al personal de la administración pública, y se encuentra habilitado para desempeñar empleos tanto en el ámbito privado como público con el objetivo de poder “infiltrarse y hacer espionaje sobre integrantes, actividades, relaciones y circunstancias”. Y acotó un detalle no menor: sus miembros tienen prohibido identificarse como integrantes de ese cuerpo. Un Balbuena, ¿miles de Balbuenas? A instancias de la abogada querellante Myriam Bregman, le preguntaron sobre la cifra de mil agentes que mencionó, y Saín respondió que la calculó en base al presupuesto asignado a esa división de la Federal. Tras afirmar que el monto es muy elevado, dijo que “si hay asignación presupuestaria del Congreso para financiar este cuerpo, ello no sólo lo convalida sino que da cuenta que luego de 30 años de democracia sigue funcionando fuera del marco de las normas que regulan la seguridad interior y la inteligencia nacional”. El diputado diferenció a quienes realizan actividades de inteligencia criminal que apuntan a la problemática delictiva, y dijo que éstos espías, en cambio, desarrollan “espionaje político”. Saín aclaró que se trata de dos cuerpos diferentes, y que los compañeros de Balbuena han contado con una cobertura legal que proviene de épocas dictatoriales que “confrontan con la legalidad democrática en este tema”. En cuanto a la tan mentada justificación de que actúan por órdenes de la justicia, Saín fue contundente: “Las tareas de investigación criminal ordenadas por autoridades judiciales no son desarrolladas por este Cuerpo, porque no forma parte de sus funciones asistir a jueces y/o fiscales sino sólo hacer tareas de recolección de información y de inteligencias indicadas por sus superiores”. Hace un año, tras la denuncia pública en conferencia de prensa y una movilización a Plaza de Mayo, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda acompañaron a los periodistas de la agencia Walsh e iniciaron una causa penal contra el oficial mayor de Inteligencia Américo Alejandro Balbuena porque afirman haber sido víctimas de su espionaje. El caso quedó en manos del juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes se les solicitó que determinen en qué fechas operó el agente y quiénes eran sus jefes, entre otras medidas de prueba. Una de las primeras que el magistrado puso en marcha fue el allanamiento de la casa de Balbuena, en San Martín, donde lo encontraron junto a su hermana. Aunque el espía tenía una pistola Glock no la utilizó. Fue el 21 de mayo de 2013 y los investigadores sólo hallaron pocos muebles, algunos libros, un colchón en el piso y unos pocos objetos personales. Al día siguiente hubo un procedimiento similar en la sede de la Federal, donde los peritos comprobaron que los registros de las computadoras habían sido borrados. Pero secuestraron el legajo de Balbuena --que lo describe como un agente locuaz y colaborador, y da cuenta de varios cursos de inteligencia que realizó-- y una lista de nombres de otros agentes que serían sus compañeros de trabajo en la sección Reunión de Información. Ese es uno de los interrogantes a resolver en la causa ¿cuántos más hay? Los investigadores podrían recibir información de otra dependencia de la Federal que les permitiría determinar con precisión esa cifra. Y en tal caso, ¿correrán el mismo destino de Balbuena, que luego de las denuncias fue puesto en disponibilidad en mayo de 2013 por la ex ministra Nilda Garré? Para dejar constancia en el expediente sobre la forma de operar de Balbuena ya declararon en el expediente varios testigos, entre ellos Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la agencia Walsh y ex compañero de colegio de Balbuena, Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA y miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Oscar Kuperman, del MTR Cuba, los dirigentes del MST Vilma Ripoll y del PTS Claudio Dellecarbonara, además de los diputados Saín y Christian Castillo (PTS-FIT). Dellecarbonara relató cómo Balbuena se inmiscuía en cada conflicto que había en el Subte, y se pasaba horas en las instalaciones del subterráneo tratando de averiguar qué opinaba cada uno y cuáles serían los pasos a seguir. “La manera de entrar era con un trato campechano. Te decía que apoyaba nuestra lucha, que él era un trabajador más”, dijo el delegado de la línea B. De hecho, quienes lo conocieron afirman que se camuflaba muy bien porque se hacía pasar por un “periodista militante”, comprometido con las causas de las notas que cubría, pero siempre con una actitud entre ingenua y bonachona. Entraba en confianza y le tenían afecto pero casi todos coincidían en que “era raro”. Tan preparado fue su desempeño que Balbuena eligió una prestigiosa escuela terciaria de radio, de orientación progresista, para obtener su título. Por su parte, Castillo declaró que en algunos actos o movilizaciones era el único “periodista” presente, a veces acudía a reuniones abiertas de coordinación que no habían sido difundidas, y en los actos hacía entrevistas a todos los dirigentes pero luego esas declaraciones no aparecían en sus notas periodísticas. “Preguntaba hacia dónde iba la marcha, qué iban a hacer después, y tenía conocimiento personal con muchos dirigentes”, apuntó el legislador provincial. Según explicó, cuando tomó contacto con los cronogramas de las movilizaciones descriptos en causas judiciales iniciadas contra manifestantes pudo constatar que eran similares a los informes de Balbuena. “Sabemos que esto no puede ser un hecho aislado sino un modo de operar de la PFA y una política de infiltración”, agregó. A diferencia de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, donde el área de Inteligencia de la Policía Bonaerense fue abierta y se transformó en el Archivo de la Memoria, esto jamás sucedió en la Federal por lo cual, según el diputado, “puede suponerse la continuidad de esa actividad expresamente prohibida por las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior”. Una golondrina no hace verano Balbuena no fue el primero pero debería ser el último. Así piensan los querellantes que acompañaron a los periodistas de la agencia Walsh para que la justicia investigue las leyes que habrían estado violando en forma sistemática estos espías. Durante su declaración testimonial, Saín recordó los casos de la secretaria privada de Gustavo Béliz, cuando era concejal porteño, y el más reciente de James, uno de los integrantes de la red de espionaje del macrismo. Pero en la cronología ya publicada por Ojos Vendados los antecedentes de esta mala costumbre de espiar fronteras adentro se remonta a los años '80 con las actividades del Departamento de Protección del Orden Constitucional (Depoc), y luego con el espionaje durante la administración menemista plasmado en el “libro azul” de la Policía Federal donde habían recolectado información personal y política sobre 250 personas, en su mayoría militantes de izquierda. Casi todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales tienen algún caso, como el espionaje de los marinos de la base Zar, el de la Fuerza Aérea denunciado por PáginaI12, y más recientemente el que habría implementado la Gendarmería a través del denominado Proyecto X. Durante el último informe del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, ante una consulta del legislador Nicolás del Caño (PTS-FIT), Jorge Capitanich dijo que “en relación al caso de Américo Balbuena, cuando el ministerio de Seguridad tomó conocimiento de sus actividades en la agencia Walsh se inició una investigación sumaria para determinar si hay incompatibilidad entre su desempeño como oficial de Inteligencia y su participación en la agencia de noticias; y hay cargos contra él y contra su superior directo pero la investigación administrativa interna se encuentra a la espera de la actuación judicial que pudiera implicar una sanción aún más grave”. El funcionario agregó que “también se plantea claramente la revisión de la vigencia del decreto (que creó la división Reunión de Información) y sus modificaciones para su derogación y funcionamiento, pero eso se lo voy a transmitir en el transcurso de la semana próxima por nota”. Fue el 3 de abril pero Del Caño aún no recibió la respuesta prometida, por lo cual se disponía a reclamarla.