Argentina Ley de Medios
Termina la batalla legal sobre Ley de Medios: gana el Gobierno y pierde Clarin
La Corte Suprema argentina declaró hoy constitucional la Ley de Medios Audiovisuales tras una compleja
batalla legal de cuatro años entre el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y el Gobierno, que celebró el
fallo sólo dos días después de haber sufrido un duro castigo en las urnas.
Por mayoría, el máximo tribunal argentino falló a favor de la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, incluidos los cuatro cuestionados por Clarín, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación de la norma.
En el fallo, la Corte advirtió también al Gobierno sobre la necesidad de aplicar políticas transparentes y evitar el manejo partidista de los medios públicos.
Tras conocerse la decisión del Supremo, Clarín dijo en un comunicado que “analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.
El fallo, de 392 páginas, provocó una fuerte caída de las acciones del grupo en la Bolsa de Buenos Aires, que a media jornada interrumpió la cotización de la compañía.
Seis de los siete jueces supremos argumentaron en la sentencia que la ley, “en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces”.
norma es coherente “con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información”, añade el fallo, que llega solo dos días después de las elecciones legislativas que dibujaron el nuevo mapa político argentino y confirmaron la pérdida de terreno del gobernante Frente para la Victoria.
El Supremo sostuvo que Clarín no ha podido demostrar “que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”, pero dictaminó que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización.
Clarín lamentó en un comunicado que el fallo no considera “el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión” y “condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia”.
El grupo advirtió que “continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”.
“Es una gran noticia para la democracia”, celebró Martín Sabbatella, titular del organismo responsable de la aplicación de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“No es un triunfo sólo del Gobierno; es un triunfo de la democracia, de la libertad, del pluralismo; es un triunfo de los miles de medios y trabajadores que en todo el país pujan por hacer uso de su derecho a expresarse en libertad sin que ningún gigante condicione el mercado y los silencie”, agregó.
“A partir de ahora, todas las empresas de medios sin excepción tienen que cumplir la ley” y “Clarín tiene que sumarse a la legislación que el resto ya está cumpliendo”, insistió Sabbatella en rueda de prensa.
Desde la oposición, la diputada Elisa Carrió fue la voz más crítica con el fallo, que atribuyó a un acuerdo “de vieja data” entre el secretario legal y técnico de la Presidencia argentina, Carlos Zaninni, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar, pero sucesivas medidas cautelares frenaron hasta hoy su completa aplicación.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
El fallo supone un fuerte espaldarazo para el Gobierno argentino dos días después del voto de castigo recibido en los comicios legislativos, en los que el oficialismo retuvo una ajustada mayoría parlamentaria y se mantuvo como primera fuerza nacional, pero perdió más de 20 puntos respecto a las presidenciales de 2011.
La Corte Suprema argentina declaró hoy constitucional la Ley de Medios Audiovisuales tras una compleja
batalla legal de cuatro años entre el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y el Gobierno, que celebró el
fallo sólo dos días después de haber sufrido un duro castigo en las urnas.
Por mayoría, el máximo tribunal argentino falló a favor de la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, incluidos los cuatro cuestionados por Clarín, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación de la norma.En el fallo, la Corte advirtió también al Gobierno sobre la necesidad de aplicar políticas transparentes y evitar el manejo partidista de los medios públicos.
Tras conocerse la decisión del Supremo, Clarín dijo en un comunicado que “analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.
El fallo, de 392 páginas, provocó una fuerte caída de las acciones del grupo en la Bolsa de Buenos Aires, que a media jornada interrumpió la cotización de la compañía.
Seis de los siete jueces supremos argumentaron en la sentencia que la ley, “en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces”.
norma es coherente “con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información”, añade el fallo, que llega solo dos días después de las elecciones legislativas que dibujaron el nuevo mapa político argentino y confirmaron la pérdida de terreno del gobernante Frente para la Victoria.
El Supremo sostuvo que Clarín no ha podido demostrar “que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”, pero dictaminó que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización.
Clarín lamentó en un comunicado que el fallo no considera “el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión” y “condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia”.
El grupo advirtió que “continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”.
“Es una gran noticia para la democracia”, celebró Martín Sabbatella, titular del organismo responsable de la aplicación de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“No es un triunfo sólo del Gobierno; es un triunfo de la democracia, de la libertad, del pluralismo; es un triunfo de los miles de medios y trabajadores que en todo el país pujan por hacer uso de su derecho a expresarse en libertad sin que ningún gigante condicione el mercado y los silencie”, agregó.
“A partir de ahora, todas las empresas de medios sin excepción tienen que cumplir la ley” y “Clarín tiene que sumarse a la legislación que el resto ya está cumpliendo”, insistió Sabbatella en rueda de prensa.
Desde la oposición, la diputada Elisa Carrió fue la voz más crítica con el fallo, que atribuyó a un acuerdo “de vieja data” entre el secretario legal y técnico de la Presidencia argentina, Carlos Zaninni, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar, pero sucesivas medidas cautelares frenaron hasta hoy su completa aplicación.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
El fallo supone un fuerte espaldarazo para el Gobierno argentino dos días después del voto de castigo recibido en los comicios legislativos, en los que el oficialismo retuvo una ajustada mayoría parlamentaria y se mantuvo como primera fuerza nacional, pero perdió más de 20 puntos respecto a las presidenciales de 2011.
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