En la Comisión de Asuntos Constitucionales el PRO aceptó una serie de modificaciones propuestas por ambos bloques, a fin de conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría para el proyecto que intentará convertir en ley el 30 de mayo próximo en el recinto.
Se creará en la Ciudad un fuero especial para que la Justicia porteña dirima sobre cuestiones de ‘libertad de prensa y de expresión’, las que en un principio quedarán a cargo del Tribunal Superior de Justicia, y que le serviría al Grupo Clarín si el Gobierno dispusiera su intervención, una posibilidad que fue desmentida de plano por funcionarios nacionales.
El PRO decidió consensuar un proyecto de ley debido a las dificultades que había tenido para ratificar DNU en la Legislatura porteña, un trámite que requería la aprobación por mayoría absoluta, es decir 31 votos, número al que el machismo, que cuenta con 26 legisladores propios y tres aliados, no pudo llegar.
El proyecto indica que: “la Ciudad tiene, en forma exclusiva y excluyente, jurisdicción y competencia en toda materia relativa a libertad de expresión y prensa”, para lo cual se establecerá una ley especial para determinar el fuero competente, ya que “en ningún caso será competente la jurisdicción federal para entender en la aplicación del régimen”.
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